Cataluña educa a sus alumnos al margen del Estatuto y la Constitución

Artículo 6.1 del Estatuto de Cataluña previo paso por el Tribunal Constitucional: "La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza". Con esto, el panorama educativo actual en esta comunidad no tendría que dar explicaciones a nadie. Sin embargo, la dilatada y célebre sentencia expresa que tal precepto entra en colisión con el artículo 3 de la Constitución, relativo al castellano como única lengua oficial del Estado. He aquí el problema. El curso ha comenzado y la sensible corrección de la Justicia ha sido desoída por las autoridades educativas del Gobierno que lidera el socialista José Montilla.

Dos problemas añadidos: Cataluña sigue blindándose empleando como escudo la lengua catalana, a tenor de últimas y polémicas normas y, segundo, el Ejecutivo central ha cedido competencias a esta comunidad que, mal empleadas, pueden hacer más profundo el incumplimiento del ignorado artículo 3 de nuestra Carta Magna. La primera afirmación se apoya en la aprobación, el pasado martes, de la Ley de Universidades de Cataluña, que contempla la exigencia a los docentes de un nivel “suficiente” de catalán para “asegurar la competencia adecuada de los profesores”. Además, la norma afectará también a quienes ya trabajan en las universidades. Así, quienes no tengan ese conocimiento quedarán fuera de todo proceso de selección posterior.

El segundo enunciado –la cesión de más competencias- tiene su justificación en el traspaso a Cataluña de ayudas y becas al estudio, fruto de uno de los últimos acuerdos en el marco de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat. El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, afirmó que la sentencia del Tribunal Constitucional provocó "un impacto emocional y determinados sentimientos de agravio en una considerable parte de la sociedad catalana, con todos los efectos que esto puede representar para el conjunto del Estado". Es por esto, según el socialista, que esta comunidad necesita especial atención en estos momentos. Sin embargo, nadie del Ejecutivo central ha aludido al irregular comienzo de curso en Cataluña antes de ceder más poder en materia educativa a su Gobierno.

No menos llamativo es que los niños hayan sido y sean preguntados por el idioma en que sus profesores les imparten las clases. Se conoce como "chivatos lingüísticos" y no hay precisamente premio para los docentes que se expresen en la lengua oficial de España. Estatuto, Constitución y hasta los propios tribunales catalanes: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) establece que no se puede discriminar el castellano y obliga al cumplimiento de este precepto.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, presentó una instancia en el Departamento de Educación en la que pide que se ejecute la sentencia del Constitucional, que obliga a aplicar el bilingüismo en las escuelas de Cataluña. Fue el último gesto político que su partido está dispuesto a dar. El siguiente será judicial. “Es hipócrita la actitud de Montilla”, afirma Rivera a este periódico. “No puede darle a los catalanes lo que no quiere para sus hijos”, sentencia el candidato a la Generalitat. Además, recuerda que el inglés goza de un mayor número de horas que el castellano en las aulas. Para Rivera, una buena fórmula es la del “40-40-20” (un 40 por ciento de horas en castellano, otro 40 en catalán y un 20 en inglés) .

"Montilla ha usado el castellano para anunciar el día de las elecciones, el mismo Montilla que se niega a cumplir la sentencia del Constitucional. Para pedir votos es bilingüe, pero para gobernar piensa en castellano y sólo habla en catalán", expresó el diputado autonómico hace pocas fechas. Por su parte, el presidente resta hierro al asunto y niega que la obligatoriedad de que los docentes conozcan el catalán para trabajar en las universidades sea un impedimento para atraer el talento internacional. Efectivamente, Cataluña, en su Ley de Universidades, abre la puerta a eminencias de otros países, a la vez que la cierra para profesionales del resto de España que no conozcan el catalán. Asunto aparte es el de los alumnos. Sólo puede elegir el que pueda pagarse una educación por lo privado.

"Por lo privado puro", matiza Rafael López, portavoz de Educación y Universidades del Partido Popular catalán. "Es una escuela marcada por el nacionalismo que minimiza al máximo el castellano", explica López. El 'popular' afirma con contundencia que su partido es el "único" que "nunca pactará una agenda nacionalista como la que emprenden socialistas y convergentes". Por último, emplea una frase no menos empleada por Rivera y que comprende el sentimiento de buena parte de los defensores del castellano en esta comunidad: "La Cataluña oficial debe asemejarse a la Cataluña real". La real es bilingüe.