Impuestos y obligación ciudadana

Sin ánimo de simplificar demasiado las cosas, podría decirse que son dos por lo menos los motivos que llevan a una persona a cumplir con sus obligaciones públicas. El primero es de raíz hobbesiana y se exterioriza en el temor al castigo. Para poner un ejemplo sencillo, sería éste el caso de quien paga regularmente sus impuestos porque teme que el organismo recaudador lo intime o difunda su nombre entre un listado de morosos.

Otro es el caso de quien cumple con dichas obligaciones porque de algún modo las ha interiorizado, porque reconoce que la ciudadanía tiene un precio y que no se puede gozar plenamente de determinados derechos sin asumir a la par los deberes que les son correlativos. Para seguir con el ejemplo fiscal, la cuestión desde luego se complica cuando el gobierno malgasta el dinero recaudado o bien cuando no satisface necesidades básicas para subvenir a las cuales los ciudadanos deben acudir a manos privadas, lo que redunda de hecho en una doble imposición. Otro tanto ocurre cuando los actos de corrupción en el ámbito público son de tal grado y naturaleza que vulneran la predisposición a cumplir voluntariamente promoviendo la evasión tributaria, si bien es cierto que, detrás de esta última explicación, suele esconderse las más de las veces la decisión lisa y llana de no pagar.

Se me ocurre que en la Argentina quienes tributan normalmente lo hacen movidos en gran medida por el temor a una eventual sanción. Quienes no pagan, por su parte, probablemente evadirían aun cuando no existieran sospechas de corrupción ni se malgastara el producto de los gravámenes en clientelismo u otros fines espurios. Por lo demás, si nos guiamos al menos por los altos índices de evasión, el gobierno tampoco parece ser eficaz a la hora de combatirla. En efecto, según expusieran hace poco los especialistas Juan Carlos Gómez Sabaini y Darío Rossignolo, la tasa de evasión del impuesto a la renta alcanzaría en la Argentina el 49,7 por ciento. Por lo que respecta al IVA, la evasión rondaría el 21 %.

Ausencia de lo que sea dado en llamar ciudadanía fiscal, tasas importantes de incumplimiento y un Estado sin medios o voluntad política para reducirlas. Se trata, sin duda, de un escenario poco prometedor.