Defensa pedirá autorización para enviar cuatro aviones espía a Afganistán

Las Cortes Generales surgidas de las elecciones del 9 de marzo, que se constituirán oficialmente el próximo 1 de abril, tendrán entre sus primeras misiones la ratificación del Tratado de Lisboa.

No hubo tiempo antes de la disolución de las Cortes y la convocatoria oficial de las elecciones generales, el pasado mes de enero, de que el Congreso diera su visto bueno al texto con el que la UE superó el bloqueo de la fracasada Constitución europea.

Así, en esta novena legislatura el Parlamento español tendrá que ratificar el Tratado de Lisboa, que suscribieron los jefes de Estado y de Gobierno de la UE el pasado 13 de diciembre en el Monasterio de los Jerónimos de la capital portuguesa.

Otra de las prioridades del nuevo Congreso era autorizar al Ministerio de Defensa para que envíe cuatro aviones espía (UAV) a Afganistán, que lleva aparejada la marcha hasta aquel país de los 36 militares que integrarán el equipo que los manejará.

No obstante, este despliegue será ratificado por la Diputación Permanente del Congreso, que se reunirá el próximo martes.

Con el decreto de convocatoria de las elecciones generales -aprobado por el Gobierno el 14 de enero y publicado en el BOE al día siguiente- decayeron seis proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, que no pudieron culminar su tramitación.

Entre estas frustradas normas, que el Ejecutivo tendrá que volver a presentar ante el Congreso si quiere que salgan adelante, se encuentran la reforma del Código Penal, la ley que regula los jueces de proximidad o la ley del fondo de reserva de la Seguridad Social.

Tampoco acabaron su tramitación parlamentaria el proyecto de ley del régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, el relativo a la concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares y la norma de navegación marítima.

Para la nueva legislatura se quedó también en el aire el proyecto de ley orgánica en materia de justicia de proximidad y consejos de justicia.

Decayeron asimismo 124 proposiciones de ley, cuya iniciativa corresponde a los grupos parlamentarios, entre las que se encuentran la incorporación a los pasaportes de las lenguas cooficiales del Estado o el estatuto del periodista profesional.