La mala salud de la Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna

Hoy por hoy, pocos cuestionan el derecho a tener una muerte digna. Sí es más cuestionable, en cambio, que se utilice un asunto tan serio para, por un lado, intentar hacer demagogia y, por otro, distraer la atención de asuntos en los que urge mucho más legislar. Así, la Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, que pretendía ambas cosas, corre el riesgo no sólo de no conseguirlas, sino de quedar poco menos que de “ley florero”. Ello es así porque el Gobierno no ha consultado previamente a las comunidades autónomas, la mayoría de las cuales poseen las competencias relativas a su ámbito de aplicación, por lo que la descoordinación está asegurada. Además, tampoco se la ha dotado económicamente; algo, por lo demás, imprescindible para la puesta en marcha de cualquier proceso normativo.

Por otro lado, el traspaso desaforado de competencias a las comunidades autónomas ha sido una constante de los distintos gobiernos socialistas. Ello ha derivado en una duplicidad de cometidos en ocasiones no desempeñados por nadie y, en otras, solapados. También se da el caso de materias con diferente tratamiento dependiendo de la comunidad autónoma donde se este, lo que conlleva una inseguridad jurídica considerable. Algo parecido va a suceder con la Ley de Muerte Digna. Bien está que se legisle en un asunto tan sensible como este, pero lo suyo es que se haga como es debido, y no a toda prisa para obtener un puñado de titulares a los que poder sacar partido en los próximos mítines.