15-M, golpe al estado de derecho

Las imágenes de diputados y concejales siendo atacados del modo más impune por grupos de exaltados son propias de países sin ley ni orden; es decir, sin libertad. También lo son los episodios de guerrilla urbana, con incontrolados provocando a la policía y tomando la vía pública sin que pase nada; por no hablar de agrupaciones políticas filoterroristas que gobiernan consistorios tan importantes como San Sebastián. Pero esto es España en la actualidad. Interior no terminó sus deberes con Bildu –y quizá no por casualidad, dicho sea de paso- el resultado a la vista está. Tampoco quiso actuar cuando grupos de gente se congregaban en lugares tan emblemáticos como la Puerta del Sol o Plaza Cataluña, aún a sabiendas de que era ilegal -como así advirtieron Supremo, Constitucional y la Junta Electoral Central-.

Consecuencia de todo ello es la sensación de impunidad cada vez mayor que empieza a percibirse entre los colectivos antisistema, pues saben que pueden hacer lo que les plazca sin temor alguno a ser importunados. De hecho, ha aumentado de manera alarmante el número de edificios “okupados”. Ayer un grupo de incontrolados impidió un desahucio. Todo vale. ¿Realmente merece España un Presidente a quien nada de esto le parece “importante”? ¿Merece igualmente un ministro del Interior ausente de su cometido constitucional y sólo pendiente de su carrera sucesoria? Como el propio Rubalcaba dijo una vez, “los españoles merecen un Gobierno que no les mienta”. Y puede que tuviera razón. Pero también merecemos un gobierno que vele por el respeto de la legalidad vigente y la haga cumplir cuando ésta sea violentada. Lo contrario, es una flagrante omisión de los deberes del cargo, a la vez que un ataque frontal contra la seguridad jurídica de la que todo estado debe dotarse. Y la responsabilidad recae por igual en José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba.