A favor de la castración química

Venga, vamos a aceptar que el número de muertos en las carreteras durante la pasada Semana Santa se redujo gracias a las excelentes medidas adoptadas por el órgano competente y no por la responsabilidad de los conductores.

Vamos a dar por bueno que el mérito se debe, sin duda, al carné por puntos, al incremento “ad infinitum” del número de radares y agentes en las carreteras y, por supuesto, con la nueva consideración de delito para determinadas infracciones.

Yo me quedo con la congoja que provoca en los conductores las elevadas multas, algo que unido a la crisis financiera en la mayoría de los hogares españoles hace que los amantes de la velocidad y del “con un par de copas no pasa nada” se lo hayan pensado dos veces. Bien calculado señor ministro.

Y digo yo, si el endurecimiento de penas en materia automovilista ha dado resultado, ¿por qué no hacer lo mismo con otro tipo de delitos como pueden ser los cometidos por pederastas y violadores? No opina así, ya nos lo ha dicho, el próximo portavoz del Gobierno en el Congreso, José Antonio Alonso, que entiende que en España ya “existen leyes muy duras, pero hay que aplicarlas”. Pues para ser ex ministro de Justicia se podía haber aplicado algo de su propia medicina: ¿por qué no se aplican?

Sin querer abrir el debate de la cadena perpetua, que ya se aplica en países como Francia, sí me gustaría recordar que de este país viene la idea de la castración química. Suena interesante, no me lo negarán, pero hay que tener en cuenta que en estricto cumplimiento de la ley, si esto supone un castigo corporal, en España no está permitido, es inconstitucional.

Aún así, les diré que este sistema, que no tiene nada que ver con “cortar nada” o “capar”, es un procedimiento mediante el cual se inyecta una hormona, en este caso a un delincuente, para incapacitar su deseo sexual. Los efectos duran, aproximadamente, seis meses, lo que quiere decir que es reversible y, por tanto, estaríamos hablando de un tratamiento médico.

Y vuelvo a decir, creo que si esta medida se aplicara con carácter voluntario, es decir, con consentimiento informado, no existiría ese temor latente a que un pederasta o un violador consiga el tercer grado o la libertad y podría reinsertarse en la sociedad.

Por el contrario, si estos delincuentes, muchos de los cuales tienen la calificación de enfermos mentales, no quieren someterse a esta castración química, estarían demostrando una intención inequívoca de no querer rehabilitarse. Un dato: los expertos dicen que en el peor de los casos, después de un tratamiento farmacológico, psicológico y penitenciario, el 6 por ciento de los delincuentes reinciden.

A mí me parece mucho, porque ¿usted viviría tranquilo sabiendo que su vecino es un pederasta que acaba de salir en libertad?