UNA NUEVA LEGISLATURA

La elección de José Bono como Presidente del Congreso, y la del resto de los miembros de la mesa del Parlamento, supone el comienzo de la nueva legislatura, en la cual no parecen atisbarse muchas sorpresas. Quizá, porque no ha habido demasiados cambios en la composición del hemiciclo. Bien es verdad que formaciones como Esquerra e Izquierda Unida han sufrido un menoscabo considerable, pero aún así, sigue mandando el PSOE -sin mayoría absoluta- y el PP se mantiene en la oposición. Ambos han aumentado en número de votos y escaños; no en vano, suman entre ambos 322 de los 350 diputados. Ello refleja muy a las claras la firme voluntad del electorado español, que se ha decantado masivamente por un bipartidismo fuerte, frente a veleidades nacionalistas.

Son precisamente los nacionalistas quienes han mostrado la misma tarjeta de visita de siempre. A primera vista, la posibilidad de que Bono presidiera la Cámara Baja levantó ampollas entre ellos. No hay más que recordar el cruce de declaraciones entre el manchego y Josu Erkoreka, el cual incluso llamó “cabestro” a Bono. Se palpaba el boicot. Puro efectismo. Finalmente, el candidato presentado por el PSOE ha salido elegido. En segunda vuelta, eso sí, y siendo el menos votado de toda la democracia, pero los 170 votos de los socialistas han bastado -frente a los 150 de los populares-. El voto en blanco de los nacionalistas ha sido tanto como un “sí”, sabedores de que Zapatero sigue interesado en conservarles como compañeros de viaje.

La vuelta al ruedo político de Bono puede que suponga un viraje antinacionalista, o no, pues no olvidemos que el nuevo presidente parlamentario tiene sus convicciones -y sus contradicciones-, pero es ante todo un hombre de partido. Por su parte aun nos queda juzgarle por su labor al frente de la cámara. Puede que el nombramiento de Bono como presidente sea un cambio de rumbo o se quede solo en una guinda pintoresca en el mismo pastel de los últimos cuatro años.

REFORMAS ECONÓMICAS EN EEUU

La enorme crisis económica que azota a los Estados Unidos ha hecho que el Gobierno de Bush se haya decidido a abordar la mayor reforma de los mercados desde los tiempos de la Gran Depresión. La idea de Henry Paulson, secretario del Tesoro de EEUU, es aumentar el poder del Estado en el ámbito económico, reforzando el papel de árbitro de la FED, la Reserva Federal. A resultas de la reforma, este organismo se convertirá en el auténtico regulador de facto de la economía estadounidense y tendrá el poder de intervenir en las cuentas de cualquier empresa que suponga una amenaza para el mercado. De esta forma, los bancos saben que pueden ser rescatados por el poder público en caso de necesitarlo, tal y como se vio en el caso Bearn Stearns. A cambio, pierden parte de su autonomía, evitándose, sin embargo, que se vuelvan a dar casos como el de las hipotecas basura.

Resulta paradójico que sea un Ejecutivo republicano el que haya tenido que dar el paso de aumentar el control sobre las entidades financieras en el país más liberal del mundo. Sin embargo, a pesar de las reticencias de muchos defensores de la independencia del mercado, es un hecho más que obvio que cierto control resulta necesario. Las medidas no tienen nada que ver con un control férreo de la economía o un intervencionismo trasnochado. Al contrario, responden a una necesidad clara de evitar nuevos errores como los que han arrastrado a la economía estadounidense hasta la situación actual. La competitividad que rige el mercado ha de desarrollarse libremente, sí, pero, tal y como afirmó Paulson ayer, para hacerlo necesita un sistema estable. Y para lograrlo, es necesario que protejan las inversiones y se eviten nuevos casos como el de las hipotecas basura, núcleo central del problema.

La idea de Paulson es buena. El mercado ha cambiado, sus límites y reglas son diferentes a las de hace unos años y, en consecuencia, las leyes han de adaptarse a las nuevas necesidades. Sólo se le puede achacar a su discurso cierta vaguedad en las medidas concretas que tomarán para atajar un problema que se antoja tan complicado que necesitará aún muchos años para solucionarse de raíz. La intención es buena, pero aún queda mucho por hacer.

EL DESEABLE OCASO DE UN TIRANO

La posibilidad de un acuerdo por el que Robert Mugabe abandone el poder en Zimbabue es un rayo de esperanza, dentro del incierto panorama político que se vive en el país africano. Las proyecciones que sitúan a la oposición como vencedora en los comicios celebrados allí el pasado fin de semana en Zimbabue han disparado los rumores sobre el futuro de Mugabe, aferrado al poder desde hace 28 años. La antigua Rodesia británica, ejemplo de buena gestión entre los países recién independizados, ha de hacer frente ahora a una inminente bancarrota, con unas cotas de inflación que se espera rebasen el 700%, y una hambruna que sufrirán más de seis millones de personas, según datos de Amnistía Internacional.

Zimbabue padece una atroz sequía, que adquiere visos de dramatismo en un país donde la agricultura y la ganadería tienen un peso específico determinante. Pero padece igualmente -y con idénticos efectos catastróficos- una política errática y sin sentido, que ha arruinado al país. En 2000, Mugabe puso en marcha su Plan de Reforma de la Tierra, que dejó en la calle a miles de granjeros europeos con la excusa de entregar las plantaciones a los campesinos negros sin propiedades. Tras una ola de violencia que ocasionó el éxodo de la minoría blanca, los terrenos quedaron en manos de sus fieles, divididos en pequeñas porciones, que devolvieron al país a una agricultura de subsistencia anclada en el pasado. Cerca de allí, un país como Sudáfrica supo dejar atrás resentimientos coloniales, pasar la página del vergonzoso apartheid y mirar hacia el futuro con un líder como Mandela, presidente de blancos y negros por igual. Su trayectoria le avala. Igual que la de Mugabe. Por eso, y por el bien de su país, debe irse.