El TC, a favor de la democracia representativa

El Tribunal Constitucional ha emitido, el pasado 5 de julio, una sentencia favorable sobre un recurso de amparo que fortalecerá al parlamento frente a los poderes del Gobierno y de los partidos políticos. El primer firmante de ese recurso fui yo, entonces como portavoz del grupo parlamentario socialista, y fue una reacción defensiva ante la instrumentalización del Senado por parte del Gobierno del presidente Aznar.

El pleno del Tribunal Constitucional ha fallado por unanimidad dando amparo a nuestras pretensiones como representantes del poder legislativo. Reconoce que nuestros derechos como cargos públicos fueron lastimados cuando el grupo parlamentario de aquel Gobierno enmendó el proyecto de ley de Arbitraje -que estaba en trámite-, para introducir modificaciones, nada menos, que del Código Penal. Fue en diciembre de 2003.

Lo que sucedió en ese tiempo fue lo siguiente: la mayoría absoluta del partido popular había convertido el Senado en una institución servil y obediente al Gobierno de entonces. Aprovechando la ley de Arbitraje, es decir, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el Gobierno introdujo tres artículos nuevos en el Código Penal con los que quería tipificar delitos como la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, actuar como interventores en esas consultas y financiar asociaciones y partidos políticos declarados suspendidos o ilegales.

En la demanda de amparo, manifestábamos al Tribunal Constitucional que, a los senadores que no estábamos de acuerdo con aquellas enmiendas, no nos quedaba otra posibilidad que votar en su contra. No podíamos formular veto contra su contenido, tampoco enmendarlas (ni siquiera con textos transaccionales), teniendo en cuenta, además, que el Senado tenía un plazo muy restringido –en la práctica fue menos de un mes- para discutir y tramitar el proyecto de ley.

La ley cambió de nombre. De “Ley de Arbitraje”, pasó a denominarse “Ley orgánica de modificación de la Ley orgánica del Poder Judicial y del Código Penal”. La maniobra que denunciábamos suponía, también, menospreciar al Congreso de los Diputados: cuando hizo el debate de totalidad, esa Cámara no podía suponer que aquel proyecto terminaría siendo una reforma del Código Penal. Como hicimos ver al Tribunal, hacía solo un mes que el Código Penal había sido aprobado por las Cortes Generales.

Obviamente, en nuestro recurso de amparo no hicimos mención de las circunstancias políticas. El PSOE mantenía con el Gobierno del presidente Aznar “un pacto por la libertad y contra el terrorismo”. Unas enmiendas como aquéllas deberían haber sido discutidas por los dos partidos. Hubiera sido una muestra de sincera cooperación. Si el Gobierno recurrió a presentarlas en el último momento en el Senado, cercenando así la necesaria publicidad al acto legislativo, fue porque carecían de argumentos serios para su aprobación. En el “pacto por la libertad” se dejaba muy claro que las opiniones, según la Constitución, no podían confundirse con los actos violentos o terroristas. Y desde luego, las enmiendas incurrían en ese error. En realidad, si las presentaron, fue para atraerse a ciertos sectores partidarios, en unas fechas que estaban próximas a las elecciones generales. Esa falta de sinceridad en los acuerdos contra el terrorismo, se repitieron unos meses más tarde, el 11-M, con los resultados que todos recordamos.

El Tribunal Constitucional, en el anteúltimo fundamento jurídico, razona la sentencia con este argumento: “hay que destacar que el derecho de enmienda que pertenece a los parlamentarios, en este caso a los Senadores, no es un mero derecho reglamentario sino un autentico contenido central de su derecho de participación del artículo 23.2 CE.”

Esta sentencia llega en un momento muy oportuno. Cuando la opinión pública está preocupada y atenta a la representación política en España.