Medidas laborales acertadas pero insignificantes

Con los focos de la atención informativa centrados en la reforma de la Constitución, el Consejo de Ministros de ayer viernes ha abordado nuevas medidas para el mercado laboral español que adolecen de las carencias habituales mostradas por el actual Gobierno en toda su gestión de la crisis. Un primer retoque ha consistido en modificar el Estatuto de los Trabajadores aprobado en 2006, que impedía encadenar contratos temporales y obligaba a hacer fijos a quienes hubieran estado contratados durante más de dos años en un puesto de trabajo. De nuevo, el Ejecutivo da un giro radical a sus propias directrices y desaprovecha la oportunidad de hacer una reforma auténticamente efectiva. En la reforma laboral de hace un año desincentivaba la contratación temporal y ahora la favorece. Pero no entra a fondo en una verdadera liberalización del mercado de trabajo, ni rompe los corsés intervencionistas que asfixian la creación de empleo en España, frente a los modelos de otros países incluso de nuestro propio entorno europeo, aunque pocos son precisamente un modelo al respecto.

La segunda transformación reseñable consiste en la creación de un nuevo Contrato de Formación y Aprendizaje destinado a jóvenes entre 16 y 30 años, a través del cual se podrá recibir formación práctica trabajando en una empresa, combinándola con el estudio teórico. El Decreto-Ley apunta a una enorme bolsa de más de 900.000 jóvenes carentes de títulos y sin cualificación laboral alguna, que abandonaron los estudios a cambio de salarios que no requerían aptitudes ni titulación específica, generalmente como mano de obra del sector inmobiliario, y que ahora carecen de formación y de trabajo. Un problema que nunca debió alcanzar tales proporciones. La deserción de las aulas no fue tratada en su momento con la diligencia que el caso requería, probablemente bajo la falta de conciencia, en la clase política y en el conjunto de la población, de la importancia clave de un sistema educativo eficaz y de la trascendencia de la formación profesional, de mucho más valía que un sueldo prematuro. Nunca debió llegarse a tan ingente cantidad de jóvenes sin preparación, y la medida ahora tomada difícilmente resolverá una cuestión de tales proporciones en un momento de grave crisis como el actual: algo que tendría que hacer pensar en un replanteamiento en profundidad del sistema de educación español, inseparable de la superación de nuestros problemas económicos. El Contrato de Formación y Aprendizaje imita superficialmente el modelo alemán -de una extraordinaria eficacia-, pero aplicándolo solo a una situación específica y sin el rigor que requiere.

Estamos ante maquillajes de un Gobierno que quiere nadar y guardar la ropa, aparentar cambios pero no hacer modificaciones profundas que molesten a la burocracia sindical. Cualquier medida sobre el mercado laboral habría de realizarse con los criterios que se han empleado en la reforma de nuestra Carta Magna. Es decir, bajo el consenso con el principal partido de la oposición y con la altura de miras que demandan los retos que afrontamos. Pero parece que cuando este Gobierno no actúa bajo la presión de Bruselas vuelve a los males que siempre le han caracterizado: partidismo, medidas de mero efecto mediático, cambios bruscos de dirección y falta de sentido de Estado.