Las dos grandes fuerzas nacionalistas en el Congreso, PNV y CiU, ya han hecho públicas sus exigencias para apoyar la reforma constitucional auspiciada por Zapatero y apoyada por el Partido Popular. Mientras la formación catalana está dispuesta a sacar adelante su propia ley de estabilidad autonómica, Josu Erkoreka, portavoz vasco en las Cortes, ha señalado que su partido debe tener "el derecho a decidir" acerca de la nueva normativa constitucional por su respaldo social.
El gobierno catalán se propone aprobar "tan pronto como pueda" una ley catalana de estabilidad presupuestaria antes de que Las Cortes "dicten" a Cataluña cómo debe actuar, aseguraba este pasado martes el portavoz del Gobierno,
Francesc Homs, en referencia a la ley orgánica que concretará en un futuro el compromiso con el déficit público incluido en la Constitución.
En rueda de prensa tras la primera reunión del Consejo Ejecutivo después de las vacaciones de verano, Homs anunciaba este
'contraataque legal' con el cual la Generalidad quiere responder al cambio constitucional pactado entre el PP y el PSOE. El gobierno catalán formalizó ayer su oposición a dicha reforma de la Constitución con los argumentos básicos de que "no sirve para dar confianza a los mercados" y de que va "en contra del autogobierno de Cataluña".
Homs cree que Madrid ha actuado con
"menosprecio absoluto" hacia la Generalidad al no informarla de sus planes de reforma de la ley fundamental, y ha opinado, al igual que ayer hizo CiU, que el pacto constitucional ha quedado "roto" con este cambio de la carta magna.
El portavoz del Gobierno catalán, que no precisó qué límite de déficit público piensa incluir el ejecutivo en esta ley catalana o si habrá referencias al déficit fiscal, ha admitido que la Generalitat deberá legislar aprovechando "el margen" competencial que tenga, porque "sino, nos la llevarán al Tribunal Constitucional", ha admitido.
El Govern confía en aprobar este proyecto de ley en el Consejo Eejecutivo
antes de final de año, con la intención de que, al legislar antes que el Congreso, tenga más garantías de salvaguardar las competencias de Cataluña.
El Gobierno apela a la generosidad de CiUEl vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, ha pedido a CiU
"generosidad y sensibilidad para hacer posible el consenso" en la reforma de la Constitución pactada por PSOE y PP, y que este martes ha iniciado el trámite parlamentario sin que CiU haya participado en la votación tras mostrar su postura contraria al proceso por haber sido excluida de la negociación previa.
Chaves ha hablado de que el esfuerzo debe realizarse por todas las partes, desde PSOE y PP a CiU, y que se deben
"abandonar estrategias electorales". "Hoy se ha abierto el proceso para incorporar a todos los partidos, y sería importante que CiU estuviese", ha aseverado. Chaves ha insistido en que la reforma de la Constitución "garantiza la cohesión social y es flexible".
Sobre ello, ha reivindicado que no reduce el Estado del Bienestar porque "da margen de libertad a todos los gobiernos -desde la administración local a la central- para que tomen las medidas que consideren necesarias" y tiene en cuenta las situaciones difíciles.
El "derecho a decidir" vascoPor su parte, el PNV planteará
dos enmiendas a proposición de reforma constitucional para limitar el déficit acordada entre el PSOE y el PP, con el fin de que el artículo 135 de la Carta Magna reconozca a "los territorios forales" y recoja el derecho de autodeterminación, con el fin de que los vascos decidan si quieren tener una soberanía propia o compartida "con otros pueblos".
El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso,
Josu Erkoreka ha reclamado al lehendakari, Patxi López, que "ordene" a los nueve diputados del PSE-EE que voten contra la modificación del texto constitucional, si realmente está en contra de la reforma de la Carta Magna, como "ha predicado".
El dirigente nacionalista ha emplazado a López a que sea "consecuente" con lo que "predica y postula", demuestre su "autonomía" y ordene a los nueve representantes de los socialistas vascos en la Cámara baja que voten contra la iniciativa.
"Serán recibidos con los brazos abiertos entre quienes estamos en contra de la iniciativa y seguro que su posicionamiento será reflejo claro de autonomía de decisión, de capacidad de separarse de los postulados y dictados que vienen de las instituciones centrales y de los órganos centrales del PSOE", ha añadido.
En este sentido, ha apuntado que se teme que "nada de esto ocurrirá" y ha señalado que, si Patxi López no actúa "en consecuencia con lo que dice", se sospechará que su "toma de posición es sólo táctica".
A su juicio, "si el PP y el PSOE hubieran optado por un procedimiento
más abierto, más transparente y más participativo, es probable que este defecto que acusa el artículo 135 no se hubiese producido" porque "se hubiera puesto de manifiesto por el Grupo parlamentario vasco o por la Comisión Mixta del Concierto Económico, que tenía que haber sido convocada previamente a la presentación de la presentación de la proposición de Ley".
Por ello, ha criticado que las negociaciones se hayan producido
"en secreto, a puerta cerrada y de espaldas, no sólo a la ciudadanía, sino también al resto de grupos parlamentarios y al conjunto de las instituciones publicas afectadas por la reforma: las comunidades autónomas, los entes locales y los territorios forales".
A su juicio, el documento tiene
"deficiencias" que deben "corregirse ahora o pueden ser fatales e irreversibles para los territorios forales", y ha exigido que se "introduzca una mención" a éstos para "equipararlos en sus capacidades y competencias a las comunidades autónomas".
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