¡Auxilio, Policía en peligro!

Esta semana la Unión Federal de Policía, que agrupa a más de 45.000 policías de distintos cuerpos, ha presentado una resolución ante EUROCOP -la organización de 36 sindicatos de la policía nacional y los organismos de personal de 27 Estados europeos- denunciando las situaciones que la Policía viene padeciendo desde el 15-M por la inacción del Gobierno y de los responsables policiales, la diferenciación de trato con respecto a otras manifestaciones y el incumplimiento de hasta cuatro Leyes Orgánicas.

El presidente de EUROCOP, Heiz Kiefer, ha expresado el apoyo a los policías en su demanda de que España revise sus normas que rigen la manifestaciones, a fin de que los servicios de policía puedan responder adecuadamente a los incidentes de orden público, sin las interferencias indebidas de carácter político.

Los llamados indignados –entre los que hay muchos indignantes a quienes nadie ha elegido- campan por sus respetos mientras su número mengua. Lo mismo se manifiestan en cualquier sitio que pretenden perturbar el buen funcionamiento del Congreso –a cuyos diputados sí los han votado los ciudadanos- o arruinan a los comerciantes de Sol con una acampada de feliz memoria sólo para algunos. Según la UFP, desde los días previos a las elecciones municipales de 22 de mayo hubo en la “Puerta del Sol” (así como en otros lugares de España), concentraciones de más de 500 personas no comunicadas a las Delegaciones del Gobierno.

El movimiento del 15-M se ha desvirtuado para convertirse en un grupo de radicales que vagan de un lado a otro limitándose a protestar sin proponer ni matizar nada. Allí gana el que más grita y poco a poco se están convirtiendo en un instrumento político controlado por la izquierda más radical. Donde entran los fanáticos, se acaban la razón, el equilibrio, el orden y la mesura. El 15-M ha dejado de tener reflexiones: ahora sólo tiene reacciones y cada vez son más violentas. Basta recordar las agresiones que sufrieron los asistentes a la Jornada Mundial de la Juventud: los insultos, las profanaciones, las amenazas... Así, el movimiento de los indignados se deslegitima cada día que pasa. Es cierto que hay gente pacífica entre los indignados, pero parecen ser cada vez menos.

A los ciudadanos que no gritan ni rompen nada sólo les quedan las instituciones y, en especial, la Policía. En ella confían los empresarios que no pueden abrir sus tiendas y los peatones que no pueden circular libremente por la calle. La inmensa mayoría que no vocifera ni se exalta necesita que alguien restaure el orden y el imperio de la Ley cuando algunos recurren a la coacción, a la amenaza y a la acción directa.

Sin embargo, en España, la Policía está inerme. Muchos se sienten inseguros a las órdenes de unos mandos politizados que dan instrucciones o no según la conveniencia del momento. Nadie disolvió la acampada de Sol mientras el ministro Pérez Rubalcaba preparaba el lanzamiento de su candidatura. Podría decirse que la policía no necesita instrucciones, pero algunos Delegados del Gobierno se apresuran a darlas cuando conviene al Ministro o al Presidente. ¿Recuerdan las detenciones de militantes del PP en 2005 después de que Bono dijese que le habían agredido en una manifestación? ¿Y la arbitrariedad en la concesión de las medallas? ¿Y el Faisán?

Alguien debe decir que el emperador está desnudo y que algunos de los que dicen estar indignados son simplemente unos delincuentes. Los policías han sufrido la agresividad de algunos manifestantes y la debilidad de unos responsables políticos más preocupados por las elecciones que por la seguridad ciudadana. Los han insultado, los han golpeado y a muchos los han denunciado por unos supuestos abusos más ficticios que reales y les han abierto diligencias informativas como si ellos fuesen los delincuentes y no aquellos a quienes detenían. En los últimos meses ha habido más de 40 policías heridos a manos de los manifestantes violentos. ¡Menudo pacifismo!

Muchos queremos una renovación de la política y de los políticos. Sin duda, España necesita acometer reformas profundísimas políticas, económicas y sociales, pero no podemos perder la claridad moral. Los abusos policiales deben ser perseguidos –muchos lo han sido porque los propios sindicatos de la policía los han denunciado- y la violencia debe utilizarse de forma justificada y proporcional; pero la Policía tiene una legitimidad democrática que nace del propio fundamento del Estado y que los indignados nunca tendrán mientras no pasen por las urnas.