¿Derechos Humanos como arma ideológica?

Los sistemas constitucionales se sustentan en consensos morales, y las constituciones nacionales y el sistema de valores que ellas soportan no pueden ser alterados por la vía del abuso interpretativo de ciertos jueces. La inconveniencia de un gobierno de jueces se consuma solo si se pretende imponer a la sociedad, -por la vía jurisprudencial-, cosmovisiones particulares novedosas. Titulares de la prensa europea dieron cuenta de la condena a 43 días de prisión a Irene Wiens, - una madre de familia creyente-, en Westfalia, Alemania. Se le condenó por ejercer su derecho de objeción de conciencia al negarse a aceptar la orientación de la educación sexual que el Estado imponía a sus hijos. La madre alegó en su demanda lo siguiente: "ni el contenido de la asignatura ni su planteamiento interactivo están de acuerdo con la visión de la sexualidad que en la familia queremos enseñar a nuestros hijos".

Vale mencionar que la asignatura de educación sexual del Colegio Salzkotten, incluye medios de enseñanza en los que existen escenas de sexo explícito. A la fecha, se han registrado 35 sentencias judiciales contra padres alemanes creyentes por el “delito” de plantear objeciones de conciencia sustentadas en motivaciones similares a la hecha por la Sra.Wiens. Algunas de las condenas son penas de mes y medio de prisión y multas que van de 200 hasta 1.200 euros. Igualmente la prensa española ha dado a conocer al mundo que a dos alumnas españolas les fue negado su título, por objetar un programa impuesto por el actual gobierno socialista. Dicho programa se denomina “Educación para los derechos humanos y la ciudadanía”. Se impone al último ciclo de la educación primaria de los niños españoles y a la totalidad de su secundaria. La iniciativa de implantar el programa en cuatro asignaturas obligatorias en todo el territorio nacional, está provocando un largo conflicto social. Extendido a todos los ámbitos de la comunidad educativa. Esto en razón de la contundente respuesta de un amplio sector de padres de familia.

Incluso la organización europea Profesionales por la Etica ha documentado 55.000 objeciones de conciencia presentadas por progenitores que se han negado a que sus hijos asistan a los cursos. Muchos de estos familiares han ido constituyendo plataformas a nivel local y regional para el apoyo y la difusión de la información a los padres objetores. Resultado del conflicto, más de un millar de alumnos ha permanecido fuera de clase a pesar de las presiones de la Administración educativa que, -contraviniendo su propia reglamentación-, les ha amenazado con la no titulación. Amenaza que según informó la prensa española, se consumó en el caso de dos alumnas objetoras.

El conflicto planteado ha tenido repercusión en los tribunales de esa nación con más de 2.300 procedimientos judiciales por objeción de conciencia al programa. Esta conflictividad judicial ha fracturado además a los jueces españoles, que han mantenido al respecto posturas completamente contradictorias. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León -un tribunal de ámbito regional- determinó que dichas asignaturas, “…dada su intensa carga…ideológica”…se dirigen “hacia el adoctrinamiento, proselitismo o captación de voluntades de los alumnos” en relación con cuestiones “sobre las que no existe un generalizado consenso en la sociedad española”.

Hasta febrero del 2009, la mayor parte de los tribunales regionales dieron la razón a los padres de familia y declararon que el programa imponía criterios ideológicos y morales controvertidos, que violentaban los derechos de libertad de conciencia. Tratándose de un país como España, -donde muchas familias son creyentes-, esto resulta especialmente sensible. Lo lamentable es que, por disposición de otros jueces, esta jurisprudencia protectora de la libertad de conciencia, se está revocando. La esencia de las objeciones planteadas a la iniciativa del socialismo español, es que bajo el subterfugio de la enseñanza “de los derechos humanos”, se está imponiendo a su niñez un programa impregnado de ideología. Y aunque resulte asombroso, la paradójica línea argumental que se ha invocado para oprimir a los padres creyentes, es la de la “defensa” de los derechos humanos. La justa objeción de los padres de familia se basa en el hecho de que, el verdadero trasfondo del asunto, es que determinadas minorías, -desde un activismo agresivo-, pretenden imponer su propia contracultura a la totalidad del colectivo social. Señalan que dicha ideología es promotora de una moral relativista, autocontenida en sí misma, que prioriza exclusivamente en lo que la legislación del momento consienta, y donde no hay espacio a la experiencia espiritual o religiosa. Además impregnada de esa misma corriente contrafamiliar, -que ya nos es conocida-, en donde la mujer y el hombre se conciben solo bajo el lente monocolor de una pretendida guerra de género. La misma contracultura que promovió en España la aprobación de una reforma a su legislación por la que una niña de dieciséis años le sería permitido practicarse el aborto de un embarazo sano y de un hijo sano, aún a las catorce semanas de gestación, sin requerir el permiso paterno. Corriente que tiene su fundamento en la cultura posmoderna y hedonista del descompromiso, que tanto amenaza a la familia hoy.

Que exalta la libertad individual hasta el egoísmo, al extremo que la sustrae de toda la frontera ética construida por la cristiandad en resguardo de occidente. Otra manifestación del fenómeno de devaluación del valioso concepto de los derechos humanos, -cuyo fundamento original no fue sino el principio judeocristiano de dignidad humana- lo sufre Costa Rica con la sui géneris acusación incoada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión pretende una condena a nuestro país por prohibir la práctica de la fertilización in vitro.

Dictó juicio absoluto sobre un debate tan inconcluso e incierto como el de la vida humana en su etapa inicial: la de embrión. Esta prohibición tiene su fundamento en la legítima aspiración costarricense, por proteger la vida humana en su etapa primigenia de desarrollo. Es evidente que las intenciones de dicha burocracia internacional por condenar a Costa Rica, está igualmente imbuida de ideología. Y esta realidad nos lleva a otras preguntas de igual profundidad. Estamos en presencia de una acción sustentada en los sesgados criterios de siete funcionarios internacionales, -no electos popularmente-, que legalmente actúan a título personal y no a nombre de sus nacionalidades, y cuyas resoluciones de escritorio, amenazan además la misma soberanía jurídica y constitucional del país. Pretensiones ideológicas de funcionarios, cuyo poder, los pueblos no pueden controlar. Lo que es una tendencia grave que debe ser apercibida. Nuestro Canciller Castillo debe pronunciarse señalando la determinación del país de defender nuestra valiente jurisprudencia constitucional vigente. Es su responsabilidad constitucional.