Erosión del principio de legalidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, denunció ayer que, tras producirse un asalto en su casa, la Guardia Civil detuvo a dos individuos, conduciéndoles a la comisaría, pero los asaltantes, casi de inmediato, quedaron en libertad sin ni siquiera ser interrogados. La presidenta del Ejecutivo madrileño ha pedido la dimisión de la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, una exigencia en la que le asiste toda la razón. Ya veremos en qué queda la cosa. Sin embargo, lo más inquietante es que situaciones de esta naturaleza ocurren con relativa frecuencia y quedan impunes. Sin duda, más allá de este hecho concreto, y de que la persona afectada sea la señora Esperanza Aguirre, lo que revela resulta más que preocupante. Como muy bien ha señalado ella misma, si esto le sucede a la presidenta de la Comunidad de Madrid, qué será de la indefensión del resto de los ciudadanos.

Este lamentable suceso vuelve a poner sobre la mesa que estamos adentrándonos en un peligroso camino donde el principio de legalidad y primacía de la Ley, piedra angular del Estado de Derecho, se está resquebrajando. Parece olvidarse que las leyes y las sentencias judiciales están para cumplirse de manera taxativa. Pero últimamente no es así, pues son numerosos los casos en los que se ha hecho todo lo contrario. Basten como recordatorio algunos recientes ejemplos.

En las pasadas elecciones municipales del 22 de mayo, la Junta Electoral Central -máxima autoridad de la Administración en materia electoral e integrada, entre otros miembros, por ocho magistrados del Tribunal Supremo- estipuló que iba contra la legalidad que el movimiento 15-M mantuviese su concentración y protesta en la Puerta del Sol en la jornada de reflexión. La decisión de la Junta Electoral Central era vinculante tanto para los manifestantes como para el Gobierno. Pese a la clara prohibición de que los “indignados” permanecieran en la Puerta del Sol, el Ministerio del Interior, del que era responsable en esos momentos Alfredo Pérez Recalcaba, no tomó cartas en el asunto ni dio la orden de desalojo, a pesar de su refrendo por el Supremo.

Esta misma actitud, que, sin duda, da alas a quienes parecen no sentirse concernidos por la Ley, es la que ahora se está también manteniendo en la ocupación ilegal por parte de los “indignados” del Hotel Madrid, en la céntrica calle Carretas de la capital de España. Los “indignados” ante el pasivo comportamiento de las autoridades, no contentos con esa ocupación y en vistas de la impunidad, han invadido también el Teatro Albéniz, cuyos propietarios han manifestado que se sienten completamente desprotegidos por las autoridades. Con esta inadmisible pasividad, los “indignados” están cobrando fuerzas, como se aprecia también en sus numerosas intervenciones, en algunos casos de manera violenta, para impedir desahucios que, naturalmente, van acompañados de la correspondiente orden judicial.

Reciente está asimismo la “rebelión” de la Generalitat catalana ante reiteradas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional instando al Ejecutivo autonómico a que el castellano se equipare al catalán en las escuelas como lengua vehicular. La Generalitat desacata las sentencias y da la impresión de que esto no conlleva ninguna consecuencia. Es más, nada menos que el Presidente de la Generalitat, que es una alta autoridad del Estado, no ha tenido empacho en declarar que no piensa acatar las resoluciones judiciales que no le gusten.

Un país comienza a ir a la deriva si algo tan elemental como el escrupuloso respeto al principio de legalidad se fractura. Se está a tiempo de tomar medidas, pues, en caso contrario, los ejemplos crecerán. Y tampoco debe olvidarse -y máxime en estos tiempos de aguda crisis-, que un país donde no se cumple sin titubeos ese principio de legalidad, un país donde parece que no siempre se cumplen las leyes, no despierta precisamente la confianza para llevar a cabo inversiones que generen riqueza y empleo.