Las once veces que Eta ha anunciado una tregua

RELACIÓN CRONOLOGICA DE LAS TREGUAS DE ETA

DISOLUCIÓN DE ETApm
El 28 de febrero de 1981, cinco días después del intento de golpe de Estado protagonizado por el coronel Tejero, ETApm anunció un alto el fuego sin condiciones y liberó a los cónsules de Austria, Uruguay y El Salvador, que mantenía secuestrados.
La decisión de los terroristas se produjo como consecuencia de las conversaciones que habían abierto a finales del verano de 1980 el ministro del Interior, Juan José Rosón, y los miembros de Euskadiko Ezkerra Mario Onaindía y Juan María Bandrés con el objetivo de abrir vías de integración social para los miembros de ETA que abandonaran las armas.

El 28 de mayo de 1981 ETApm anunció la paralización de toda actividad armada. El 22 de febrero de 1982 un sector de ETA pm, autodenominado VIII Asamblea, se escinció y decidió romper la tregua en desacuerdo con el sitema acordado para la reinserción de los terroristas.

Sin embargo, las negociaciones continuaron y el 30 de septiembre de 1982 ETApm VII Asamblea hizo pública su autodisolución en una rueda de prensa. En los tres años siguientes ciento cuarenta y cuatro militantes de esta organización retornaron del exilio o salieron de la cárcel.

CONVERSACIONES DE ARGEL
El 29 de enero de 1988 ETA ofreció en un comunicado un alto el fuego que supondría el cese de asesinatos durante 60 días a cambio del inicio de conversaciones en las que el Gobierno argelino sería el mediador.

El 20 de febrero el delegado del Gobierno en el País Vasco, Julen Elgorriaga, viajó a Argel y exigió al ideólogo de ETA Eugenio Etxebeste,'Antxon', una tregua indefinida. La reunión concluyó sin aproximaciones y cuatro días después ETA secuestró al empresario Emiliano Revilla, lo que acabó con el diálogo hasta octubre siguiente.

El 2 de noviembre la banda terrorista apuntó de nuevo en un comunicado la posibilidad de un alto el fuego, no superior a sesenta días, condicionada a que el Gobierno negociara en Argel, pero no llegó a ser efectiva.

Finalmente, el 8 de enero de 1989 ETA anunció una tregua de quince días como "prueba de buena voluntad". Seis días después se reunieron en la capital argelina Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad, y Juan Miguel Eguiagaray, Delegado del Gobierno en Murcia, con Eugenio Etxebeste, Ignacio Aracama y Belén González.

El 22 de enero ETA prorrogó su alto el fuego hasta el 26 de marzo siguiente con el fin de continuar las conversaciones. El 25 de enero se produjo la primera reunión dedicada a discutir sobre la transición y la elaboración de la Constitución, que fue seguida por otros cinco encuentros en febrero y marzo.

El 18 de marzo una multitudinaria manifestación para reivindicar la paz y el fin de la violencia, convocada por el lehendakari, José Antonio Ardanza, y los firmantes del Pacto de Ajuria Enea, fue acogida por los representantes de ETA con irritación al considerarla una interferencia en el proceso.

El Gobierno solicitó una tregua indefinida o, al menos, de tres meses, mientras que los representantes de ETA reclamarron la presencia en la mesa de José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', Isidro Garalde y Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, encarcelados en Francia, y la constitución de una mesa paralela entre HB y PSOE, lo que fue rechazado por el secretario de Estado.

El 27 de marzo ETA aseguró en un comunicado que había acuerdo sobre ocho puntos: mantener conversaciones políticas, que se celebrarían en Argelia (este país sería observador y mediador), calendario de trabajo sobre los asuntos ya tratados, reforzar las delegaciones (en el plazo de un mes), mesa complementaria formada por PSOE y HB, publicidad de las conversaciones, renovar la tregua hasta el 24 de junio y hacer público el resultado del encuentro.

Al día siguiente, tras reunirse con representantes de los partidos políticos, el Gobierno difundió un comunicado en el que consideró positivas las "conversaciones políticas" con ETAy mostró su intención de continuarlas.

Además, el Ejecutivo señaló que no consideraba "conveniente inciar una dinámica de desmentidos a manifestaciones que no le son propias", lo que fue interpretado como un desmentido indirecto al supuesto carácter conjunto del comunicado difundido por ETA el día antes.

Todas las fuerzas políticas habían rechazado la constitución de la mesa paralela HB-PSOE y el Gobierno había explicado a sus representantes que ese punto nunca había sido aceptado.

La respuesta de ETA fue inmediata y exigió al Gobierno que cambiara, en un plazo de 24 horas, su comunicado por el que, según los terroristas, se había pactado. PosteriormenteETA amplió a 72 horas su ultimátum al Ejecutivo, que se ratificó en su declaración del 28 de marzo y rechazó cualquier rectificación.

El 3 de abril Rafael Vera viajó a Argel con el objetivo de que las autoridades argelinas mediaran para que ETA modificara su postura, pero al día siguiente la banda declaró abiertos "todos los frentes", cuatro días después perpetró un atentado y el 10 de abril de 1989 el Gobierno dio por rotas las conversaciones.

ANUNCIOS DE TREGUA EN 1991 y 1992 En un comunicado publicado el 8 de diciembre de 1991 ETA se mostraba dispuesta a una tregua de dos meses "si el Gobierno español da ciertas garantías", y asegura que "llegó a apalabrarse un punto de distensión de dos meses por mutuo acuerdo".

El Gobierno señaló que la única posibilidad para hablar con ETA es que "abandone las armas y deje de matar".

El 10 de julio de 1992, meses después de la caída de la dirección de ETA en Bidart, ETA ofreció una tregua de dos meses condicionándola a la apertura de contactos, pero no llegó a ser efectiva (el 17 de agosto los terroristas asesinaron a dos guardias civiles).
El Gobierno se negó a valorar el comunicado de ETA y se limitó a exigir a la banda que dejara las armas.

En febrero del mismo año algunos medios de comunicación publicaron informaciones sobre otra posible oferta de tregua, aunque nunca fue hecha pública por la banda terrorista.

TREGUA DE 1996 El 23 de junio de 1996, poco después de la llegada al Gobierno del Partido Popular, ETA anunció en un comunicado la suspensión de sus acciones terroristas durante una semana, aunque mantenía secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.

Los firmantes del Pacto de Ajuria Enea se comprometieron a iniciar el diálogo con ETA si liberaba a Ortega, si suspendía de forma completa y prolongada sus acciones armadas y aceptaba la pluralidad de opciones políticas en Euskadi.

Sin embargo, la tregua ofrecida por la banda terrorista tenía como fin provocar discrepancias entre los partidos del bloque democrático, según documentos de ETA divulgados por la cadena SER, tomar la iniciativa y estudiar la reacción de las organizaciones de su entorno ante una situación como ésa.

TREGUAS "FRENTE CARCELES" Y ERTZAINTZA
El 20 de noviembre de 1997, ETA anunció en un comunicado publicado por el diario "Egin", la "suspensión total" de todas las actividades en lo que denomina "frente de las cárceles".

Esta tregua parcial fue acogida favorablemente por el PNV e IU, mientras que el Gobierno y el PSOE la interpretaron como un intento de dividir a los demócratas.

El 23 de junio de 1998 ETA anunció en un comunicado publicado en "Egin" el fin de una tregua a la Ertzaintza que supuestamente había comenzado siete meses antes.

ETA aseguró que esa tregua no se había hecho pública pero que sí la conocía el sindicato ELA, mayoritario en el cuerpo. El consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa, negó su existencia.

TREGUA INDEFENIDA DE 1998
El 16 de septiembre de 1998 la organización terrorista anunció, por primera vez en su historia, un alto el fuego total, "unilateral" e "indefinido", aunque señaló que la continuidad de esta tregua "la marcarán los acontecimientos y pasos que desde este momento se den".

Cuatro días antes, los partidos nacionalistas vascos (PNV, EA, EH (antes HB), IU y diecinueve organizaciones sociales y sindicales vascas habían firmado la Declaración de Lizarra, en la que se comprometían a emprender juntos el camino de la lucha, con métodos pacíficos, por la "construcción nacional de Euskadi en las instituciones democráticas".

El Gobierno acogió la tregua inicialmente con escepticismo e incluso el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, la calificó de "tregua-trampa". El presidente del Ejecutivo, José María Aznar, y los dirigentes del PSOE exigieron a ETA pruebas inequívocas de la voluntad de cumplir su anuncio, que fueran más allá de una simple declaración.

El Ejecutivo mostró su disposición a dialogar con representantes de la banda terrorista y durante el mes de mayo de 1999 se celebró un encuentro en una ciudad suiza entre ambas partes. A lo largo de la tregua, el Ministerio del Interior decidió el acercamiento, escalonado, de más de un centenar de reclusos de la banda a prisiones del País Vasco.

El contacto mantenido por los representantes del Gobierno y de ETA, con la mediación del obispo Juan María Uriarte, no sólo no registró ningún acercamiento en las posturas de ambas partes, sino que también fue el último que celebraron.

El 26 de agosto de 1999 ETA señaló en un comunicado que el diálogo de paz se hallaba bloqueado y la comunicación con el Gobierno, rota ante "la falta de discreción del Ejecutivo y el uso electoral que hizo del contacto mantenido".

Dos días después, la banda culpaba a un sector del PNV de la "indefinición" en que se hallaba el proceso. En los tres meses posteriores el Gobierno y la organización terrorista intercambiaron cartas pero no volvieron a entablar diálogo.

El 28 de noviembre ETA anunció que el 3 de diciembre finalizaba la tregua que había mantenido durante más de catorce meses. Los terroristas, que destacaban algunos logros en la construcción nacional, culpaban a los Gobiernos español y francés de su decisión y, particularmente, al PNV y EA por no cumplir sus compromisos con la banda.

La movilización social y política que se registró en todo el país para solicitar a ETA que mantuviera su alto el fuego, apoyada por todos los partidos políticos, no impidió que ETAenviara en diciembre a Madrid dos furgonetas con más de 1.600 kilos de explosivos, que fueron descubiertas por la Guardia Civil, y que finalmente perpetrara su primer atentado el 21 de enero de 2000, cuando hizo estallar un coche-bomba en Madrid que acabó con la vida del militar Pedro Antonio Blanco.

TREGUA EN CATALUÑA
El 18 de febrero de 2004 ETA anunció la suspensión de todas sus "acciones armadas" en Cataluña, desde el 1 de enero, por el "empuje de las fuerzas independentistas" y la "concienciación sobre el derecho a la autodeterminación" en los últimos años en Cataluña.

La dirección de ETA justificó, en un comunicado, su declaración de tregua por el cambio de situación política, porque sus atentados en Cataluña han producido "reacciones contrapuestas por parte de los sectores independentistas de Cataluña" y por el "respeto y la no injerencia a las formas particulares que cada organización quiera usar para la liberación de su pueblo".

El anuncio de ETA se hizo público 23 días después de que el diario ABC publicara (26 de enero de 2004) que Josep Lluis Carod-Rovira, líder de ERC y entonces conseller en cap de la Generalitat, se había reunido con dirigentes de ETA, identificados como Mikel Albizu, 'Antza', y José Luis Urrutikoetxea, 'Josu Ternera'.

Carod-Rovira reconoció haberse entrevistado en Francia con dirigentes de ETA, aseguró que acudió al encuentro en su condición de secretario general de ERC y no de representante del Gobierno catalán y negó haber pedido una tregua para Cataluña o haber alcanzado acuerdo alguno con la banda terrorista.

El 27 de enero el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, aceptó la renuncia como conseller en cap de Carod-Rovira, quien se mantuvo en el Gobierno como conseller sin cartera hasta el 2 de febrero, cuando abandonó el tripartito catalán formado por el PSC, ERC e ICV-EUiA.

TREGUA A CARGOS ELECTOS PARTIDOS POLÍTICOS (2005)
El 18 de junio de 2005 ETA anunció a través de un comunicado, el cese de sus acciones "armadas" contra "los electos de los partidos políticos de España".

Según la información incluida en Gara, la organización terrorista cerró el 1 de junio "el frente contra los electos de los partidos políticos de España". En el comunicado, ETAexplicaba que la decisión estaba motivada por "los cambios políticos" que afirma haber observado en los últimos tiempos.

La organización terrorista aludía a lo que considera "disolución" del Pacto Antiterrorista entre el PP y el PSOE, el "fracaso de la estrategia de la ilegalización" y "a los importantes esfuerzos que se están haciendo para ofrecer una solución democrática al conflicto que enfrenta a Euskal Herria con España y Francia", entre los que destaca el Acuerdo Democrático de Bases del Foro Nacional de Debate. La organización terrorista instaba también a la ciudadanía a "extender la dinámica a favor de los derechos democráticos", y consideraba que es el momento de que los Gobiernos español y francés respondan "positivamente a la voluntad mostrada por ETA en los últimos meses".

El 8 de julio se conoció, a través de un artículo en "Zutabe" (boletín interno de ETA), que la organización terrorista excluía de la "tregua" a las autoridades del Estado y a las personas con responsabilidad en el Gobierno.

ALTO EL FUEGO PERMANENTE DE 2006 El 22 de marzo de 2006, después de casi tres años sin víctimas mortales aunque con episodios esporádicos de terrorismo, ETA anunció un "alto el fuego permanente" que se hizo efectivo el 24 de marzo.

En un comunicado enviado a la radiotelevisión pública vasca y al diario Gara, la banda terrorista justificó su decisión en el deseo de "impulsar un proceso democrático en Euskal Herria" y construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos del pueblo vasco.
El anuncio fue acogido con una mezcla de escepticismo y esperanza por parte de las fuerzas políticas. En su intervención en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a pedir autorización al Parlamento tras contrastar la voluntad de la organización terrorista de abandonar definitivamente la lucha armada.

Al mismo tiempo consideró indispensable la participación del Partido Popular en el desarrollo del posible proceso de paz. Esta idea se materializó con la entrevista celebrada en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, después de meses de desencuentros.

El aparente consenso entre los dos grandes partidos comenzó a deteriorarse en mayo 2006 cuando el PP denegó públicamente al Gobierno su aval para iniciar "un proceso de diálogo y de negociación" con ETA.

Desde entonces se generalizaron las acusaciones entre los dos grandes partidos. Por una parte el PP acusaba al Gobierno del PSOE de ceder al chantaje terrorista y pagar un precio político.

Por otra el Gobierno y los partidos minoritarios culparon al PP de intentar rentabilizar políticamente su oposición a la negociación.
Varios factores enrarecieron aún más el complicado panorama político. En primer lugar la oposición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que con el apoyo del PP protagonizó varias protestas multitudinarias contra el proceso.

La reunión entre dirigentes del Partido Socialista Vasco y de Batasuna el 6 de julio de 2006, exacerbó aún más los ánimos de los populares que acusaron a los socialistas de buscar pactos con el entorno de ETA.

Tampoco fue bien recibida por los populares la presentación en la Eurocámara de una declaración sobre el proceso de paz en el País Vasco, aunque el PSOE remarcó que no era un acto contra el PP.

Las críticas populares arreciaron también, después de que el 23 de octubre de 2006 presuntos etarras encapuchados y armados robaron alrededor de 350 armas cortas y munición en la empresa mayorista SIDAM de Vauvert (sureste francés), en la primera acción de este tipo atribuida a ETA en Francia desde que la banda terrorista declaró su alto el fuego.

El 30 de diciembre de 2006, un día después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mostrara su "convicción" de que "dentro de un año estaremos mejor que hoy" en la búsqueda del fin de la violencia terrorista, un coche bomba cargado con más de 200 kilos de explosivos estalló en un aparcamiento de la Terminal-4 del Aeropuerto madrileño de Barajas y causó la muerte de dos ciudadanos ecuatorianos, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, heridas a otras diecinueve personas y enormes daños materiales.

El atentado significó en la práctica la ruptura del alto el fuego permanente anunciado por la organización terrorista ETA el 22 de marzo de 2006 y que entró en vigor el 24 de ese mes.

Sin embargo, ETA no hizo oficial la ruptura de su tregua hasta el 5 de junio de 2007. Ese día anunció, a través de un comunicado aparecido en el diario "Berria", su intención de romper el "alto el fuego permanente" a partir del día 6 de junio.

Según informaron algunos medios de comunicación el Gobierno habría mantenido con representantes de la banda terrorista cuatro reuniones, la última de las cuales se celebró una semana antes de la publicación del comunicado en el que se anunciaba el fin del alto el fuego.

ALTO EL FUEGO DE SEPTIEMBRE DE 2010

El 5 de septiembre de 2010 ETA anunció su decisión de "no llevar a cabo acciones armadas ofensivas" en un comunicado publicado en Gara y un vídeo enviado a la cadena de televisión británica BBC, en el que la banda señalaba que "si el Gobierno de España tiene voluntad", está dispuesta a acordar "los mínimos democráticos necesarios para emprender el proceso democrático".

El anuncio de los terroristas se produjo dos días después de que la izquierda abertzale solicitase a ETA el cese permanente y verificable de la violencia.

ETA aseguró en su comunicado que "hace unos meses" decidió no llevar a cabo lo que denomina "acciones armadas ofensivas" y no precisó si su alto el fuego será temporal o permanente. En la práctica, sus acciones terrroristas eran muy reducidas desde hace tiempo y la presión policial con continuas detenciones habían debilitado mucho la estructura de la banda.