Fiscalidad y Estado de bienestar en Europa

Hace unos días participé en la presentación de un trabajo, Tendencias sobre Reforma Fiscal: Hacia una Fiscalidad Europea, que elaboramos un grupo de profesionales bajo la coordinación de Jesús Ruiz-Huerta, con la presidencia de Diego López Garrido, cuya Secretaría de Estado para la Unión Europa financiaba el proyecto, e introducido por Nicolás Sartorius, vice-presidente ejecutivo de la Fundación Ideas, Institución que tuvo la idea y auspició la reflexión sobre la imposición en Europa y el mantenimiento del Estado del bienestar. La iniciativa y el trabajo arrancan con la preocupación sobre la viabilidad del modelo social europeo en un contexto de crisis que ha supuesto una caída brusca de los ingresos fiscales y dificultades para financiar el gasto público con deuda. En este contexto, valía la pena preguntarse sobre las posibilidades del sistema fiscal para seguir apoyando las políticas redistributivas y de cohesión que estructuran nuestras sociedades.

Una de las primeras conclusiones se refiere a la disyuntiva entre competencia y coordinación fiscal como forma para articular la interacción de los sistemas tributarios nacionales. Se apuesta claramente por mayores niveles de integración de estas políticas, a través de la armonización y la coordinación. La lectura del texto pone de manifiesto cómo no es posible observar mayor disciplina tributaria ligada a una pretendida competencia fiscal leal. La consolidación de las cuentas públicas ha sido auspiciada en realidad por los compromisos asumidos en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento vinculado al adecuado funcionamiento de la zona euro y ha determinado a la par políticas de reducción de gastos e incrementos de impuestos según los casos; sin embargo, no se ha detectado una tendencia general y compartida de bajada de tributos a la vez que sí se constata en los documentos de la UE y de la OCDE que determinadas fórmulas tributarias calificadas como de competencia fiscal perjudicial se han traducido en reestructuraciones de los sistemas tributarios nacionales nocivas para el crecimiento económico y la redistribución de la renta puesto que han supuesto incrementos del coste fiscal de la mano de obra. De hecho, el documento observa una tendencia hacia un estructura fiscal más sustentada en impuestos indirectos, decisión de política tributaria adoptada en dicho contexto de competencia fiscal que, al contrario, no ha determinado la consolidación de una tendencia a la baja del tipo implícito sobre el factor trabajo – iniciada para reaccionar ante el encarecimiento tributario de este factor – y no ha supuesto un aumento sustancial de la eficiencia de los sistemas fiscales.

Se reclama mayor autonomía financiera de la UE a través de un recurso verdaderamente propio. Del documento pueden extraerse reflexiones que apoyarían las iniciativas por un impuesto sobre el sector financiero cuyos recursos pudieran financiar a las Instituciones europeas. El protagonismo del gasto público seguirá correspondiendo a los Estados miembros; incluso así, la UE debiera poder cumplir con determinadas funciones y contar con suficientes ingresos como para decidir por sí misma el contenido y la cuantía de determinadas políticas, en particular las transferencias fiscales que los teóricos de la Economía reclaman para que la zona monetaria única pueda ser óptima.

El grueso de los recursos fiscales deberá proceder de las figuras impositivas clásicas, aquéllas que recaen sobre las bases fiscales más amplias: la renta – impuestos sobre la renta y sobre sociedades – y el consumo – IVA e impuestos especiales. Al mismo tiempo, tiene sentido reflexionar sobre figuras complementarias, no sustitutivas de las anteriores, que permitan incorporar nuevos recursos en el contexto en el que se encuentran las Haciendas públicas en la actualidad.

Se reivindica el papel del impuesto sobre la renta de las personas físicas, como tributo que mejor simboliza la condición de ciudadanía al hacer visible el compromiso de cada ciudadano con los que comparten con él los bienes y servicios que se proveen en la sociedad en la que conviven. Se critica cierta pérdida de justicia como consecuencia de una mayor desgravación de una parte sustancial de las rentas de capital. Este problema de inequidad se va agravando cuando determinados servicios y prestaciones se vinculan a la percepción de ingresos bajos en función de las declaraciones por el impuesto. Se añade que la imposición sobre la riqueza –impuesto sobre el patrimonio – se justifica desde el punto de vista de la equidad, especialmente si se tiene en cuenta que la distribución de la riqueza tiende a ser sensiblemente más desigual que la de la renta; esto es, la desigualdad en la distribución de la renta es diferente y no tan elevada como la desigualdad en la distribución de la riqueza. En relación con el impuesto sobre sociedades, se resalta que su quiebra actual está ligada a las posibilidades de deslocalización de los beneficios de las empresas, que en no pocas ocasiones es puramente artificial, y el disfrute de beneficios fiscales que no están disponibles de forma igual para todos los agentes económicos, siendo su tamaño e internacionalización los factores más decisivos: el tipo efectivo del impuesto suele estar muy alejado, más bajo, que el tipo nominal, circunstancia que está provocando que las grandes empresas y grupos tengan alícuotas reales más reducidas que las pequeñas y medianas.

La dinámica hacia una mayor presencia de los impuestos indirectos no parece deseable dada su opacidad – no son tributos bien percibidos por el ciudadano ya que muchas veces se esconden en el precio de bienes y servicios – y su carácter regresivo. En cuanto a los impuestos especiales, resultan interesantes por su capacidad para internalizar costes sociales como los ecológicos, lo que les convierten en instrumentos adecuados para las políticas medioambientales. Debe recordarse que el éxito en estas funciones les acaba convirtiendo en figuras de limitada capacidad recaudatoria: en la medida en que contribuyan a comportamientos menos contaminantes los ingresos ligados a la polución son menores.

Durante el coloquio posterior a la presentación se preguntó sobre el nivel óptimo de la imposición bajo las conclusiones de la curva de Laffer, según la cual las bajadas de impuestos resultan en crecimiento económico. Se mencionó que dicha propuesta no se basa en estudios y análisis serios y contrastados; de hecho, países con presiones fiscales elevadas se están defendiendo bien de la crisis.