El exdictador argentino Jorge Videla se sentará de nuevo en el banquillo de los acusados, luego de que e juez federal Hugo Sastre abriera un nuevo proceso por crímenes de lesa humanidad en la desaparición y muerte del militante comunista Elvio Bel en 1976. La causa coincide a pocos días de que una recopilación de fotografías de víctimas de los "vuelos de la muerte" de la dictadura militar argentina fueran entregadas a la justicia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El exdictador argentino Jorge Videla sumó un nuevo procesamiento por crímenes de lesa humanidad, en este caso en la sureña ciudad de Rawson por el secuestro y desaparición de un militante comunista durante el último régimen militar, informaron hoy fuentes judiciales.
La decisión la adoptó el juez federal Hugo Sastre, que lleva adelante
la causa por la desaparición de Elvio Bel, secuestrado en noviembre de 1976 por un grupo comando integrado por al menos seis personas.
El juez imputó a Videla su participación necesaria en el delito y también procesó por la misma causa al militar retirado Carlos Barbot, el oficial del Ejército que "aplicó en la zona el plan sistemático de persecución, tortura y aniquilamiento de personas", destacó en su resolución.
Bel fue secuestrado junto con su hijo Pablo, de 8 meses, quien fue dejado a unos obreros de la ciudad de Trelew con una leyenda en la que constaba la dirección de su madre, Hilda Fredes, quien logró recuperarlo.
Videla, de 86 años y que el pasado diciembre
fue condenado a prisión perpetua por un tribunal de Córdoba (centro del país) por el fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976, acumula ya varios procesamientos por otras causas por delitos cometidos durante el régimen de facto (1976-1983).
Actualmente afronta otros dos juicios por crímenes cometidos durante la dictadura, uno de ellos por el robo de bebés. Unas 30.000 personas desaparecieron en Argentina durante la denominada "guerra suecia", según los organismos de derechos humanos.
Este nuevo proceso coincide a pocos días de que una recopilación de
fotografías de víctimas de los "vuelos de la muerte" de la dictadura militar argentina fueran entregadas a la justicia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cerca de treinta años después del final de la dictadura militar argentina (1976-1983), el secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón, entregó hoy al juez federal Sergio Torres 130 fotografías y expedientes de víctimas del régimen que permanecían en los archivos de la Comisión desde 1979.
La documentación, explicó Cantón en declaraciones a Efe, "contiene una descripción estricta del estado de los cuerpos, las autopsias, de quiénes encontraron los restos, de oficiales que intervinieron en estos casos".
La información, añadió, "puede probar claramente la existencia del plan sistemático en relación con los vuelos de la muerte", y su importancia radica, además, en que "son datos inmediatos a la sucesión de los hechos".
"Hoy en día hay pruebas testimoniales de lo ocurrido hace 30 años, pero esta documentación contiene información del momento y tiene un gran valor probatorio", agregó.
El secretario ejecutivo de la CIDH está convencido de que las pruebas pueden arrojar luz sobre la identidad de cientos de víctimas. "Hasta el momento no había habido una prueba documental de tanta importancia", afirmó.
Son víctimas como la joven cuyo cuerpo apareció el 22 de abril de 1976 en Laguna de Rocha (Uruguay), con "signos de violación con objetos punzantes; fracturas múltiples y codo destrozado en el brazo izquierdo; múltiples fracturas en ambas piernas con indicios de haberlas tenido atadas, enorme cantidad de hematomas diseminados por todo el cuerpo,destrozo total de cráneo y del macizo óseo facial", según el expediente entregado hoy al juez Torres.
Una gran parte de la documentación corresponde a víctimas de la
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) el mayor centro de detención clandestina de la dictadura militar que, según organizaciones humanitarias, dejó unos 30.000 desaparecidos.
Cantón apuntó que no hay certeza sobre el origen de la documentación, aunque medios locales informaron hoy de sospechas de un marino de los servicios de inteligencia de la Prefectura uruguaya, Daniel Rey Piuma, que en 1980 huyó a Brasil con archivos oficiales.
El secretario ejecutivo de la CIDH explicó que parte de la documentación es inédita, aunque hay imágenes que en su día, hace tres décadas, fueron publicadas por medios uruguayos, aunque sin
precisiones sobre la identidad de las víctimas.La Comisión, que tradicionalmente ha guardado con estricta reserva la información relativa al tema, decidió cambiar de criterio debido a la solicitud presentada por el juez Torres y a la importancia de las pruebas para los procesos judiciales que se desarrollan en Argentina, con el objetivo de que "esta documentación ayude a que se haga justicia", concluyó.
Para el juez Torres, "esto abre una cantidad de posibilidades porque puede haber muchas más fotos, abre un abanico de posibilidades en la causa de la Esma y los vuelos de la muerte".
La documentación, añadió Cantón, se entrega al juez Torres en calidad de "préstamo", mientras dura el proceso judicial abierto en Argentina y posteriormente volverá a la Comisión, que estudiará su destino.
Esta es la segunda entrega que recibe el juez Torres, quien viajó a Washington para revisar unas
80 cajas con expedientes sobre denuncias recibidas por la CIDH.
En la megacausa que se instruye por delitos de lesa humanidad cometidos en la Esma, el juez Torres ha dictado el procesamiento de tres pilotos de la Prefectura Naval (guardacostas), un exsuboficial naval y un abogado acusados de participar de los "vuelos de la muerte", crimen admitido por el exmarino Adolfo Scilingo quien cumple una condena de 1.084 años de prisión.
