Europa busca una política de crecimiento

Las perspectivas para el año que acaba de entrar no son nada buenas. Se da como un año “perdido” para el crecimiento, y es casi seguro que será peor que 2011. Desde luego, empieza con un menor crecimiento. Y en el caso de España, en plena recesión, según todos los indicios. En la Unión Europea el número de parados supera los 23 millones de personas, poco más de la mitad de la población española, y las perspectivas para 2012 son muy negativas.

Nicolas Sarkozy ha declarado ir a la reunión con Angela Merkel con un objetivo: “Reforzar el crecimiento y la competitividad de la economía europea”. Por el momento, “crecimiento” y “competitividad” son palabras que tienen otro asentamiento geográfico: Estados Unidos y Asia. Pero en lugar de mirar fuera, a ver qué se hace allí que podamos adoptar, miramos dentro, a las prácticas que ya seguimos en Europa: las llamadas políticas activas de empleo, que consisten en lanzar cursos de formación sobre los parados con la esperanza de que alguno de ellos acerque en algo a un eventual contrato. Las políticas activas, así planteadas, tienen efectos positivos. Pero no está claro que compensen el enorme coste que tienen. Ni está claro que la motivación de tales políticas sea favorecer el empleo.

En España, las políticas activas de empleo superan los 7.000 millones de euros. Gran parte de ese dinero se lo llevan los sindicatos, que gestionan una parte de esos cursos. La productividad de un trabajador depende del capital con el que cuente. También del capital humano. En ocasiones, un trabajador se ha adaptado perfectamente a su puesto de trabajo, y a su empresa, en la que ha trabajado durante mucho tiempo, pero al desaparecer su puesto pierde esa ventaja. Y carece de otra formación que le permite adaptarse a nuevos empleos. Aquí la formación juega un papel importante. Pero es el trabajador el que tiene que buscar qué necesita y qué le será de más ayuda, en función de su trayectoria, su capacidad, sus objetivos laborales y demás. Las políticas activas de empleo lanzan cursos, y en ocasiones los imponen, sin que haya una relación clara con las necesidades del parado.

Otra de las medidas que va a proponer es acelerar la aprobación del acuerdo de implantar una tasa a las transacciones financieras. El día 6 Sarkozy se vio con Mario Monti, que se ha pronunciado a favor de la tasa. Ahora bien, Monti dice que debería aprobarse “desde una perspectiva europea”. ¿Qué quiere decir esto? Que deben aprobarla todos los Estados o, más bien, que debe aprobarse por las instituciones europeas, para que se haga efectiva en todos los países de la UE. ¿Por qué? Porque dado que supone un sobrecoste al sistema financiero, perjudicará a este sector, y eso en una de sus peores horas. Los países que no lo adopten tendrán ventaja. Monti no quiere que esos países la tengan. Pero aquí entra la posición de Gran Bretaña. Por un lado se opone a aprobar esa tasa. Por otro, se opone a que las instituciones europeas la aprueben. Recordemos que el plan Merkozy para Europa está firmado por 26 países, pero no por el Reino Unido, por lo que no hay cambio de Tratado y esos acuerdos no comprometen a las instituciones comunes.

Es decir que “más Europa” no tiene porqué ser la respuesta para todo, especialmente cuando otras partes del mundo están siguiendo estrategias diferentes, y los resultados que obtienen son notablemente mejores.