Aborto y Ley del Menor dividen a las asociaciones ciudadanas y profesionales

Aborto
En relación a la decisión anunciada por Gallardón de reformar la Ley del Aborto, el presidente del grupo socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, cree que la medida supondrá volver a la norma aprobada en 1985, lo que será "un retroceso inaceptable para las mujeres". Así lo ha expresado Rubalcaba en su cuenta de Twitter.

Mientras, el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai) calificaba el anuncio de “pésima noticia”. En opinión de Santiago Barambio, la exigencia del consentimiento paterno en los casos de menores de edad que quieran abortar es una medida “cosmética, de cada al ala más ultraderechista del PP”, puesto que afectaría un número mínimo de mujeres.

Según un estudio realizado por Acai sobre 36.700 mujeres que habían abortado, sólo 151 de ellas no lo habían notificado a sus tutores. "Cuando quieres prohibir el aborto, lo único que consigues es ocultarlo, y se oculta viajando a países donde se pueda abortar, en el caso de los más ricos, o pasando a la clandestinidad, lo que produce una alta mortalidad entre las mujeres", señaló Barambio.

También en contra de la reforma se ha declarado la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares (APFCIB), que ha manifestado en un comunicado su "rechazo absoluto" por suponer "un paso hacia atrás enorme" y unas medidas "restrictivas y contrarias a la realidad social". Según la asociación, “con casi dos años de aplicación de la actual ley del aborto, los últimos datos anuncian la bajada del número de abortos en chicas jóvenes".

Muy distinta ha sido la reacción del Foro de la Familia, cuyo presidente, Benigno Blanco, ha abogado por una reforma “ambiciosa” de la Ley del Aborto que se comprometa “de verdad” con la defensa de la vida. Blanco o ha dicho que la reforma tiene que ir "mucho más allá" de esta medida concretada por Ruiz-Gallardón, que afectaría a un pequeño número de mujeres. Ha precisado debería también "proteger la vida y la maternidad", y tener en cuenta los problemas sociales de las mujeres que se plantean abortar, con un "compromiso público activo de no dejar sola nunca a una mujer".

En la misma línea se han manifestado la organización Derecho a Vivir, que ha considerado positivo que el Gobierno "mueva ficha", aunque ha reclamado una mayor concreción pues no renuncian a su "objetivo fundamental, que es la derogación total del aborto".

Por su parte, la Organización Médica Colegial también ha aplaudido la medida anunciada por Gallardón en relación a la Ley del Aborto, puesto que, según ha expresado su presidente, Juan José Rodríguez Sendín, "la menor necesita apoyo claro y definitivo de alguien para tomar una decisión tan importante". Sendín ha señalado además que "sería oportuno que el nuevo Gobierno aborde también la modificación del uso de la pastilla del día después" cuya venta “no puede ser libre” a juicio del médico.

Ley del Menor
Uno de los primeros en manifestarse acerca del anuncio hecho este miércoles por Gallardón sobre una posible reforma de la Ley del Menor ha sido Antonio del Castillo, el padre de la joven asesinada en Sevilla hace tres años y que se encuentra actualmente en proceso de recurso de la sentencia del caso de su hija.

El padre de Marta ha calificado de "estupenda" la intención de modificar la Ley del Menor para unificar el enjuiciamiento en los casos de delito grave en los que estén implicados mayores y menores o a implantar la prisión permanente revisable y, en ese sentido ha añadido que es "de las poquitas cosas" que le han hecho "sentir feliz y sonreír un poco en los últimos tiempos".

Del Castillo ha destacado que "los últimos tres años de lucha, de manifestaciones y de recogida de firmas han dado, por fin, sus frutos", por lo que ha valorado que, "por fin, un ministro escuche la voz del pueblo y de la sociedad en general".

Precisamente a Antonio del Castillo se ha referido la delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien ha dicho que la reforma de la ley del menor era una demanda social y una promesa electoral del PP para evitar casos tan graves como los de Marta del Castillo y Sandra Palo. Además, Madrid se ha ofrecido como “banco de pruebas” para todos los cambios que prevé acometer el ministerio de Justicia.

Sin embargo, el entorno jurídico se encuentra dividido ante las declaraciones de Gallardón. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha apoyado la medida porque así se evita que, ante unos mismos hechos delictivos, la Justicia pueda emitir sentencias totalmente divergentes.

Por contra, la Asociación Francisco de Vitoria ha alertado de que la reforma anunciada por Ruiz-Gallardón presenta "grandes complejidades" que habrá que estudiar en la "letra pequeña" de la futura reforma de la Ley del Menor. Su portavoz, José Luis González Armengol, ha recordado además que actualmente los juicios de menores se celebran a puerta cerrada para preservar la intimidad del menor mientras que en el caso de los adultos la audiencia es pública.

En esta línea, el portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, ha advertido de los riesgos de legislar "a golpe mediático" y ha recordado que ya disponemos de una ley del menor bastante dura.

Copago en la Administración de Justicia
Por último, la intención del ministro de Justicia de crear de una tasa para poder recurrir las resoluciones judiciales no ha sido bien recibida ni por la oposición ni por los propios secretarios judiciales.

En primer lugar, Rubalcaba ha tachado la medida de “injusta” puesto que se traduce en que "los que tienen menos" no pueden recurrir una sentencia desfavorable. En el mismo sentido, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) considera que supone "un ataque flagrante" al estado de bienestar y pone en riesgo el futuro de la Justicia como servicio público.