crónica política
El PSOE de los 5.300.000 parados se une a los sindicatos
lunes 13 de febrero de 2012, 23:12h
Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo se han reunido este lunes con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y los representantes de los empresarios para analizar la reforma laboral. A la salida de ese encuentro, han querido dejar clara su postura y han afirmado que "La huelga general dependerá de la decisión de los trabajadores".
“La huelga general dependerá de la decisión de los trabajadores”. Postura oficial de los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, tras reunirse con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y los representantes de los empresarios para analizar la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado viernes. Casualmente, esta tarde, el secretario general del PSOE ha celebrado la reunión que había solicitado con Méndez y Toxo tras ser elegido nuevo máximo dirigente de los socialistas. Y Rubalcaba, como no podía ser menos, el “vicepresidente de un Gobierno del PSOE que dejó a 31 de diciembre de 2011 una cifra de 5.300.000 parados”, según fuentes del PP consultadas por este diario, ha hecho explícito todo su apoyo a los sindicatos, incluso anunciando un posible recurso de inconstitucionalidad a la nueva legislación laboral, apoyando las tesis expresadas por la mañana por UGT y CC OO.
De momento, lo que está meridianamente claro es que con la reunión de esta mañana o no con la ministra de Empleo, los sindicatos seguirán adelante con las manifestaciones en toda España que se celebrarán el próximo domingo bajo el lema “No a la reforma laboral injusta con los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil para el empleo”. Méndez y Toxo, según los analistas políticos consultados, no han “querido mojarse más ante la posible convocatoria de una huelga general, quizás para, de momento no dar una imagen de radicalidad que podría volverse en su contra”. El máximo dirigente de UGT no la ha descartado, pero señalando que la decisión final las “iremos acompasando al estado de ánimo y las preocupaciones de los trabajadores”. “Concienciaremos a la gente de la profundidad de los cambios introducidos” para ver si es necesaria una huelga general.
Las mismas fuentes señalan que en esta ocasión los sindicatos no dudan en sus objetivos, la lucha contra la reforma laboral del Gobierno del PP “y no como ocurrió durante las manifestaciones y la huelga general convocada contra la modificación de la legislación laboral aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que al final se convirtieron en actos y movilizaciones contra los Ejecutivos autonómicos del PP, especialmente el de Esperanza Aguirre, y contra los empresarios”.
Si la convocatoria de una posible huelga general no ha sorprendido para nada al Gobierno, pues era una cuestión “descontada en el PP, tal y como explicó el presidente del Gobierno a los primeros ministros de Holanda y Luxemburgo durante el pasado Consejo Europeo del 30 de enero”, según las fuentes consultadas, lo que sí ha “hecho gracia, en términos políticos el rápido apoyo de Alfredo Pérez Rubalcaba a la posible presentación de un recuro de inconstitucionalidad a la reforma laboral, después de que los sindicatos hayan visto posibles violaciones de la Carta Magna en el Real Decreto Ley aprobado el viernes”. Las mismas fuentes señalan que “es paradójico que el vicepresidente de un Gobierno socialista que dejó a nuestro país en la mayor tasa de paro de su historia, con 5.300.000 desempleados, haga ahora bandera de la defensa de los trabajadores”.
En esta línea, fuentes del PP se preguntan “cómo es posible que el señor Rubalcaba, candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno el 20 de noviembre, obtuviera los peores resultados para su partido en la historia de la democracia si, a juicio, las cosas estuvieron bien hechas. Parece que para el nueve secretario general del PSOE, la opinión de los españoles expresada en las últimas elecciones generales, y que dieron la victoria por mayoría absoluta al PP por una amplísima mayoría absoluta no cuenta”.
Y lo que este domingo ya se presumía como una ruptura total del PSOE andaluz, tras la dimisión del secretario provincial de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, por las presiones recibidas por parte del presidente andaluz, José Antonio Griñán, para favorecer la presencia de delegados favorables a Carme Chacón en el pasado 38 Congreso del PSOE y por haber represaliado, a su juicio, a los seguidores de Rubalcaba en la elaboración de las listas para los comicios autonómicos que se celebrarán el próximo mes de marzo, se ha certificado este lunes. El PSOE sevillano estará dirigido por un gestora encabezada por Manuel Gracia, ex portavoz socialista en el Parlamento andaluz. Hasta en su designación ha llegado el enfrentamiento entre los seguidores de Viera y la mujer de confianza de Griñán en el socialismo andaluz, la secretaria de Organización en esa Comunidad, Susana Díaz, que pretendía tutelar la gestora con la designación del senador Juan Espadas, un hombre de su corriente, según los seguidores de Viera y partidarios de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Baltasar Garzón evitará sentarse por tercera vez en el banquillo de los acusados. El Tribunal Supremo ha archivado la causa abierta contra el magistrado de la Audiencia Nacional por un presunto delito de cohecho impropio, el mismo por el que fue juzgado el ex presidente valenciano Francisco Camps, al considerar que los hechos están prescritos. Sin embargo, el Alto Tribunal, en su auto de archivo, “ha vuelto a dar un auténtico varapalo a Garzón, que se ha salvado sólo por 25 días de sentarse en el banquillo”. El magistrado de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, subraya que el juez condenado ya a once años de inhabilitación por prevaricación al ordenar escuchas en prisión entre los cabecillas de la trama “Gürtell” y sus abogados defensores mantuvo comportamientos delictivos al solicitar y recibir un millón de dólares de grandes empresas y bancos españoles, algunas de ellas y ellos con causas abiertas en su juzgado, para financiar los seminarios y conferencias que realizó en la Universidad de Nueva York.
Si la causa no hubiera prescrito, Marchena considera que su resolución por parte de Tribunal Supremo “habría acarreado una consecuencias jurídicas inmediatas” para el juez. El magistrado del Alto Tribunal subraya que “las cartas, documentos y certificaciones incorporadas a la causa hablan por sí solos cuando se trata de explicar el propósito de los patrocinadores y de Garzón”. En este sentido recalca que la negativa del ex magistrado de la Audiencia Nacional a abstenerse en causas relacionadas con los patrocinadores de sus cursos “está impulsada por el deber de agradecimiento de la dádiva”.