Emiten un comunicado donde muestran su "firme oposición" a la técnica utilizada, sin los "preceptivos informes" del Consejo de Estado, el CGPJ y el Consejo Fiscal.
El partido secesionista busca revertir la reforma de la malversación de 2015 aprobada por el PP y que endureció las penas al desvío de fondos públicos cuando no hay enriquecimiento personal.