El pasado 20 de junio el Papa León XIV autorizó al promulgación de los decretos del martirio de 109 sacerdotes, una religiosa y 14 laicos durante la persecución religiosa en España. Se trata de los llamados«mártires de Jaén», por ser de esa diócesis y haber sido asesinados por odio a la fe entre 1936 y 1938. Se suman a la larguísima lista de testigos de Cristo -eso son los mártires- muertos a manos del bando republicano ente 1931 y 1939.
En España no se habla mucho de esto. En general, los lugares de memoria son escasos y muy discretos. Incluso los mayores como el Cementerio de los Mártires de Paracuellos del Jarama suele quedar fuera de los recorridos que recuerdan el Madrid de la guerra o, más en general, las zonas de los distintos frentes. En cierto modo es lógico, porque esos mártires no suponían un peligro para la República ni militar ni político. No los mataron por alzarse en armas ni por conspirar contra el Frente Popular. Los asesinaron, ya lo dicen los decretos, por odio a la fe.
Las fuerzas republicanas podían entenderse con la derecha conservadora y tradicionalista, con los terratenientes y con los liberales de derecha. Quizás incluso con la derecha social. Sin embargo, a la Iglesia no quedaba sino ir ahogándola poco a poco hasta asfixiarla.
El proceso lo ha descrito Vicente Cárcel en«La persecución religiosa en España durante la II República (1931-1939» (Rialp, 2022), que apunta a la conciencia de esa persecución que tuvieron los católicos del momento. Cita, por ejemplo, una información de L´Osservatore Romano del 7 de agosto de 1932 -nótese que faltaban aún cuatro años para que comenzase la guerra- en que se afirma:«En los periódicos españoles figura diariamente una sección, por desgracia siempre abundante, que se titula La persecución religiosa. ¿Exageración? No parece. En estas columnas hemos reproducido tantos hechos y pruebas de la lucha sistemática que se conduce, no sin violencias y a menudo con métodos inciviles y ilegales, contra la Iglesia y la libertad religiosa, que es difícil no reconocer en ella una voluntad firme e implacable de persecución».
Es interesante destacar la «sistematicidad», que enerva las pretensiones de«actos aislados» o de «obra de descontrolados». La II República llegó con violencia quemando iglesias y conventos en mayo de 1931 y la reacción de las autoridades republicanas fue una pasividad cómplice. Continuó con una oleada de leyes y decretos laicistas que pretendían erradicar la religión católica del espacio público. La Revolución de Asturias de 1934 fue la ocasión para que los revolucionarios socialistas, comunistas y anarquistas matasen, entre otros, a 34 sacerdotes y religiosos. La victoria del Frente Popular intensificó las acciones contra los católicos. A partir del 18 de julio, empezaron las matanzas sistemáticas, que a partir de octubre de 1936 pretendieron dotarse de un marco de legalidad a través de los llamados tribunales populares, órganos propios del régimen del Frente Popular. El nombre ya indica el tipo de«justicia» que impartían.
Los decretos autorizados el 20 de junio de este año suponen, pues, no sólo un acto de justicia, sino también de memoria. Tertuliano escribió que«la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia». El siglo pasado fue, como tituló Andrea Riccardi uno de sus libros,«el siglo de los mártires» (Encuentro, 2019). El gobierno se encuentra hoy que los silencios impuestos desde la Transición sobre la realidad de la II República y, en particular, sobre la persecución religiosa se están resquebrajando. Frente a los intentos de reescribir la historia, reforzados por un aparato jurídico y político, la memoria de los crímenes cometidos contra los católicos por socialistas, comunistas y anarquistas se perpetúa y transmite en el recuerdo de los mártires de aquella persecución. Más de cien años de anticlericalismo terminaron cristalizando en unas atrocidades cuya memoria no han podido erradicar los enemigos de la Iglesia.