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Llevaran su caravana hacia Perú y Ecuador

Los discapacitados en Bolivia, en pie de guerra

miércoles 29 de febrero de 2012, 11:13h
Los discapacitados bolivianos han anunciado que continuarán con sus movilizaciones contra el gobierno de Evo Morales, para exigirle un subsidio de 431 dólares anuales. Tras los incidentes del pasado 23 de febrero, en donde fueron detenidas 7 personas, los manifestantes y sus familias anunciaron que marcharan rumbo a Perú y a Ecuador ante el estancamiento de las negociaciones con el Ejecutivo.
Pese a andar en silla de ruedas, muletas e incluso arrastras sobre el suelo, los minusvalidos bolivianos no renuncian a su derecho de exigir al Ejecutivo de Evo Morales un subsidio anual y ayudas sociales para hacer frente a sus discapacidades.

A través de largas marchas o vigilias estas personas llevan desde el 15 de noviembre de 2011, movilizándose en demanda de una ley de preferencias y un bono anual de 431 dólares, pago rechazado por el Ejecutivo que, mediante un decreto supremo, creó el Bono Dignidad de 145 dólares anuales, exclusivamente destinado a las personas con limitaciones diferentes calificadas como graves y muy graves.

Luego de los violentos incidentes ocurridos el pasado 23 de febrero en donde "la caravana de los discapacitados", fue frenada con violencia por la policía boliviana a su llegada a los alrededores del Palacio de Gobierno, los manifestantes han radicalizado su protesta a fin de que sean escuchados. Los labios cocidos por huelgas de hambre, son parte de un repertorio desgarrador en donde los manifestantes han llegado a enjaularse y crucificarse con el propósito de que el presidente Morales ceda a sus peticiones de ayuda.



Sin embargo las negociaciones entre el Ejecutivo y los minusvalidos no han rendido los frutos esperados. Los discapacitados decidieron reanudar sus acciones de protesta y marchar hacia Perú y Ecuador en rechazo a la sanción de la Ley General de Trato Preferente para las Personas con Discapacidad, por la Cámara de Diputados, que si bien establece el pago de una renta anual y la conformación de una comisión técnica que garantice su sostenibilidad, no fija montos, a la par que no deja muy claro las cláusulas correspondiente a la inserción social y otras ayudas que se exigen, lo que ha despertado las dudas de los manifestantes que han anunciado nuevas movilizaciones, según informa el diario boliviano ‘La Razón’.

Para Jaime Estívariz, un legislador de Convergencia Nacional (CN), cuya silla de ruedas que se ha convertido en el carro jurídico en el que se apoyan los discapacidatos, la reunión de ocho horas que sostuvieron el lunes los dirigentes de las personas con minusvalías, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño; y el jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas, no llegó a ningún acuerdo concreto.

“No hubo avance, fue una forma de emborracharnos y tenernos aquí para aprobar la ley en la Cámara de Diputados”, protestó Estívariz.

“Una vez más hemos sido vilmente engañados y burlados por el Ejecutivo y el Legislativo. No hubo diálogo, sólo hubo un informe de cómo quieren imponer su ley y nada más. Ni siquiera nos escucharon, por eso vamos a ir a Lima y a Quito para denunciar que el gobierno del presidente Evo Morales se burla de los sectores más desprotegidos de Bolivia”, denunció a los medios de comunicación del país andino.

Por su parte la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) Yolanda Herrera, informó que representantes de la marcha se reunieron con los senadores oficialistas “con el fin de establecer acuerdos consensuados”.

La funcionaria señalo de que la reunión “entró a un cuarto intermedio” y continuarán las negociaciones para acercar a ambos sectores a alcanzar un acuerdo.