¿Empieza a cambiar el modelo autonómico?

Nuevo paso adelante del Gobierno de Mariano Rajoy para reducir gastos y con medidas que pueden afectar al actual sistema autonómico. El Ejecutivo popular ha declarado “la guerra” a la excesiva duplicidad existente en las administraciones públicas, lo que puede originar nuevas confrontaciones entre el Gobierno central y las comunidades. En la misma línea de lucha contra el exceso de gasto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha fijado en el 0,3 por ciento el límite para el déficit de los ayuntamientos.

Mientras, en Andalucía, y con la vista puesta en las elecciones autonómicas del próximo día 25, el escándalo de las irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo empieza a ser insostenible para el actual presidente de la Junta y candidato socialista a la reelección, José Antonio Griñán, y más tras la declaración judicial efectuada este miércoles por el ex director general de Trabajo de la Comunidad, Francisco Javier Guerrero, hombre sobre el que pivota todo el escándalo y que ha afirmado que “nadie del Gobierno andaluz puede decir que se hizo a sus espaldas”.

El Consejo de Ministros estudiará este viernes un informe en el que se detallan las duplicidades existentes entre las distintas administraciones públicas españoles –central, autonómica y municipal- para a continuación proceder a la eliminación de organismos y empresas que cumplan las mismas funciones. Analistas políticos consultados por este diario subrayan que Rajoy no va a ceder en sus planes para reducir los “gastos superfluos y el despilfarro en las administraciones públicas. No se trata –señalan- de poner en cuestión todo el modelo autonómico, sino de racionalizarlo. Está visto que un modelo con competencias multiplicadas por diecisiete en todos los ámbitos es insostenible”. No obstante, el jefe del Ejecutivo no ha querido ir tan lejos como le ha propuesto en la sesión de control al Gobierno la líder de UPyD, Rosa Díez, quien le ha apremiado a “refundar el Estado”.

Dentro de la lucha contra el déficit, los ayuntamientos españoles han aceptado el límite de gasto del 0,3 por ciento exigido para las corporaciones locales por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, tras una reunión en el Ministerio de Hacienda que los ayuntamientos admiten este límite, aunque el Gobierno se ha comprometido a que dispongan de 18.000 millones para pagar a sus proveedores de los 35.000 millones que el Ejecutivo puso sobre la mesa para repartir con las comunidades autónomas.

En Andalucía, cada día se le tuercen más las cosas al PSOE y al actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su intento de ganar las elecciones autonómicas del próximo día 25. El escándalo sobre los Expedientes de Regulación Fraudulentos se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los socialistas y más tras la declaración judicial efectuada este miércoles por el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, principal imputado, de momento en este caso, por la juez instructora, Mercedes Ayala. En su comparecencia, Guerrero ha asegurado que recibió “indicaciones del Gabinete de Presidencia de Manuel Chaves y del viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá” para que concediera ayudas a determinadas empresas”.

Todavía ha ido más lejos: “Nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas”. En este sentido ha asegurado que los sucesivos consejeros de Empleo, toda la Junta, conocían las presuntas irregularidades en las ayudas sin control y ha llegado a afirmar que incluso los consejeros se preocupaban por los fondos destinados a sus provincias de origen: “Toda la Junta lo conocía, el Consejo de Gobierno y el presidente conocían el sistema porque era un dato objetivo”.

Cambiando de asunto, el ministro de Justicia ha puesto de relieve en el Congreso, durante una respuesta sobre el cambio en la legislación del Aborto que prepara el Gobierno, que en nuestro país existe “una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo”. En este sentido, ha subrayado que el aborto no puede ser la respuesta o la consecuencia de conflictos familiares o laborales de la mujer embarazada y que el objetivo del Ejecutivo, con su reforma es “aumentar la protección del derecho de la mujer por excelencia de la mujer: el de la maternidad”. Palabras que han provocado la reacción unánime en contra del PSOE, los partidos de izquierda y las asociaciones feministas y proabortistas. Pero como señalan los analistas políticos consultados por este diario, “Gallardón ha dado la vuelta a la tortilla, al poner el acento en el respeto a la vida del no nacido y en pedir un cambio en la actitud de la sociedad para que el embarazo no sea considerado en ningún caso un problema”.