Cataluña y las consultas independentistas

Soraya Sáenz de Santamaría afirmaba ayer que el Gobierno aplicaría la jurisprudencia del Tribunal Constitucional si el ejecutivo autonómico catalán aprobaba finalmente la Ley de Consultas. No sólo la jurisprudencia, sino el artículo 92 de la Carta Magna, que establece la preceptiva aprobación del Congreso de los Diputados para la celebración de un referéndum. Esta vuelta de tuerca del nacionalismo catalán coincide en el tiempo con la “insumisión fiscal” del ayuntamiento de Gerona -gobernado por CIU-, que se niega a pagar sus impuestos a la hacienda pública “de España”. Y coincide, igualmente, con la aprobación de una serie de impopulares medidas de ahorro decretadas por el Govern y que salen adelante gracias al apoyo dado por el PP catalán.

Dicho apoyo se fundamenta en la imperiosa necesidad de sanear la hacienda pública catalana, esquilmada por el Tripartito, en lo que parece un ejercicio de responsabilidad política. La situación financiera de Cataluña es bastante delicada; de ahí que Artur Mas debiera empeñar todas sus energías en revertir dicha situación en lugar de jugar a secesionismos de pose. Desde luego, legitimar consultas independentistas no parece el mejor modo de salir de la crisis; y menos aún negarse a cumplir con las obligaciones tributarias marcadas por la ley. La credibilidad de Cataluña a efectos de los mercados financieros -recuérdese que la calificación de sus bonos no puede ser peor, estando a la altura de los griegos- pasa también por este tipo de consideraciones.