Destitución, inhabilitación y multa para los políticos derrochadores

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Soraya Sáenz de Santamaría ha destacado que la norma pretende reforzar la credibilidad de nuestras administraciones y eliminar la opacidad, con "férreas obligaciones y principios éticos" y que incluye consecuencias penales. Las empresas públicas quedan integradas, ha aclarado la portavoz.

Queda abierto un periodo de audiencia pública de 15 días desde este lunes para que todo ciudadano que así lo desee pueda realizar aportaciones al proyecto de ley a través de la web del Ministerio de la Presidencia. Las páginas de las distintas administraciones serán precisamente el canal para conocer las retribuciones de los cargos, las subvenciones y todas sus condiciones y destinatarios o los contratos adjudicados por las mismas. El Gobierno creará, no obstante, un Portal de la Transparencia, principal portal para conocer y sacar partido a la norma, y será la Agencia de la Transparencia la encargada de recibir reclamaciones ante la negación de acceso a algún dato.

Asimismo, se establece un Código de Buen Gobierno con rango legal para todas las administraciones, un reglamento que no será retórico o de recomendaciones y con procedimientos infractores y sanciones en su articulado. Quedará fijado como muy grave el no cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria hasta el punto de que un dirigente puede ser retirado de su cargo e inhabilitado durante un tiempo de entre 5 y 10 años. A esto se añaden responsabilidades penales, que puede iniciar cualquier ciudadano. Por último, la norma establece baremos de retribución, que decidirán las Cortes cada año a través de los presupuestos del Estado.

Sáenz de Santamaría ha informado del nombramiento de José Manuel Romay Beccaría como presidente del Consejo de Estado. Hasta la fecha era tesorero y gerente del Partido Popular.

En otro orden de cosas, la vicepresidenta ha respondido al precio del criticado vídeo sobre la reforma laboral. Ha sido breve: "4.200 euros más IVA". También ha aludido a la huelga general para aclarar que la ministra de Fomento se está encargando de negociar los servicios mínimos. "El Gobierno defenderá el derecho a trabajar y el derecho a la huelga", ha explicado Sáenz de Santamaría en relación con la postura del Ejecutivo.