Los responsables de CPV condenados a diez años de prisión

Los afectados por la mayor estafa inmobiliaria ocurrida en la Comunidad han tenido que esperar seis años para que se haga justicia. La CPV cerró en octubre de 2002 sus oficinas dejando a casi 2.000 personas sin piso en los PAUs de los barrios del norte, pese haber adelantado parte del dinero de la compra de las viviendas.

En una sentencia notificada hoy, la Sección Decimoquinta impone la mayor pena de prisión, de diez años, al directo general de CPV, Francisco García Moreno, por un delito de estafa agravada, mientras a sus dos hijos, Francisco y Miguel Ángel, y a un amigo de éstos, Miguel Ángel Morillo, a ocho años y medio por la misma infracción penal.

Además, el tribunal condena a los testaferros de la sociedad Adelina Erlés y Alfredo Vázquez, a tres años y dos años de prisión, respectivamente, por un delito de estafa.

La resolución se dio a conocer horas después de que cuatro de los seis acusados fueran detenidos por orden judicial ante el posible riesgo de fuga por la gravedad de las condenas impuestas por la Sección Decimoquinta. La sala celebrará esta mañana una visilla en la que las partes personadas, abogados, acusaciones y fiscal se pronunciarán a favor o en contra de su entrada en prisión.

Este procedimiento comenzó en febrero de 2000, cuando la propia Junta de Compensación del PAU de Sanchinarro interpuso una denuncia, al comprobar que estaban circulando escrituras falsas de propiedad sobre estos terrenos. La causa llegó a archivarse en 2002 cuando los responsables de CPV presentaron un supuestos aval que garantizaba la devolución de las cantidades. La Junta de Sanchinarro recurrió esta decisión y el caso siguió adelante.