Rubalcaba censura la "amnistía" del PP a los "grandes defraudadores"

Este viernes, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha criticado la "amnistía" fiscal que el Gobierno impulsará para aflorar las rentas no declaradas. En su intervención en la inauguración del duodécimo Congreso Regional de los socialistas cántabros, el líder de la oposición ha señalado que ésa ha sido la razón por la que el PP ha tenido "escondido" el presupuesto bajo la "alfombra" hasta pasadas las elecciones andaluzas y asturianas.

Pérez Rubalcaba ha lamentado que estos presupuestos "abundan en más recesión y más paro" y ha criticado que la partida que más decrece es la destinada a políticas activas de empleo.

Por su parte, el Gobierno ha recordado este viernes que la propia OCDE recomienda la amnistía fiscal en países con especiales dificultades económicas y ha subrayado que Felipe González la aplicó en dos ocasiones, una en 1984 y otra en 1991, según fuentes gubernamentales.

La medida ha despertado críticas en las filas del PSOE, que ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de "regalar" una amnistía fiscal a las grandes fortunas. "El Gobierno recorta en educación, en I+D y amnistía para los defraudadores", ha comentado la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez.

También han rechazado esta propuesta los inspectores de Hacienda, que califican la medida de "injusta", al tiempo que han recordado que el propio Partido Popular consideraba "impresentable, injusta y antisocial" la amnistía fiscal.

Desde el Gobierno se hace hincapié en que no es la primera vez que la amnistía fiscal se aplica en España. Así, con Miguel Boyer al frente de Economía y Hacienda en 1984 se puso en marcha una amnistía permitiendo la adquisición de pagarés del Tesoro. En 1991 Carlos Solchaga planteó canjear pagarés del Tesoro por una especie de deuda pública especial, con un tipo de interés inferior al de mercado.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado que con esta medida espera recaudar 2.500 millones de euros. La amnistía fija un gravamen especial del 8% o el 10%, quedando exonerado cualquier penalización o sanción.