El Gobierno sigue con su fórmula de dos por uno. Dos euros de recorte en el gasto por cada uno de subida de impuestos: 18.000 por 9.000 millones. Pero añade un elemento nuevo: la amnistía fiscal, con el objetivo de hacer aflorar 25.000 millones, de los que la décima parte iría a las arcas públicas. Este último aspecto es clave.
Ni el 12,5 ni el 15 por ciento de reducción de los presupuestos ministeriales. Finalmente será del
16,9 por ciento. Cuando Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho, por error, 19 por ciento, más de uno ha dado por válida esa cifra antes de que la corrigiese. Porque corría la especie de que el Gobierno recortaría los gastos de los ministerios un 18 por ciento, o incluso más.
El gasto en manos de los
ministerios pasará de 79.209 a 65.803 millones, lo que supone que contarán con 13.406 millones menos. Es una reducción muy importante. Hay reducciones realmente sorprendentes. El Ministerio de Asuntos Exteriores ve mermada su partida un 54,4 por ciento, sobre todo por la incidencia de los recortes en ayuda exterior. Fomento, un ministerio ya muy castigado, cuenta con un tercio menos de presupuesto: el 34,6 por ciento. Agricultura e Industria, con recortes también por encima del 30 por ciento. En el caso de Industria, la lluvia de millones que pagamos los españoles a las eléctricas por la antieconómica apuesta por las renovables se reduce en 1.100 millones de euros. Los propios ministerios de Economía y Hacienda están entre los más afectados.
También muy importantes son los cambios fiscales. El más importante, dejando a un lado la amnistía fiscal, es la eliminación de numerosas deducciones fiscales a las grandes empresas. La prensa había adelantado que esto tendría un impacto de 9.000 millones de euros, pero un alto directivo de una empresa del Ibex le ha dicho a este cronista que esos números no pueden salir en absoluto, vista la evolución esperada de los beneficios. Se subirá el tabaco, que es siempre muy socorrido, se luchará contra el
fraude, que es lo que siempre se dice, y, sobre todo, se aprueba esa amnistía fiscal. Dejando esta última al margen, todas las subidas de impuestos (hay que sumar la del IRPF ya aprobada), supondrán, según los planes del Gobierno, un aumento en la recaudación de 12.314 millones de euros. No todo irá a parar a las arcas del Estado, ya que parte de estos impuestos está transferido a las Comunidades Autónomas. El Estado (si se cumplen sus previsiones), aumentará sus ingresos en unos 9.000 millones de euros.
Pero la gran sorpresa de estos presupuestos ha sido, sin duda, la
amnistía fiscal. La medida consiste en perdonar todas las multas y recargos sobre el capital oculto, que regularizaría su situación de inmediato y contribuiría con sólo un 10 por ciento de lo reconocido. Dado que prevé que aflorarán 25.000 millones de euros, el Estado contaría con 2.500 millones más. Las amnistías fiscales son la habitual medida excepcional que toman los gobiernos de cuando en cuando, ante la apremiante necesidad de allegar recursos y el reconocimiento de que no todos pagan. Es un reconocimiento duro, porque muchos votantes, especialmente quienes tienen una nómina, sí pagan. Pagan todo lo que tienen que pagar.
Son, es verdad, unos presupuestos serios. El Gobierno ha comenzado a multiplicar sus mensajes para convencer a todo el mundo, a los españoles, a los dirigentes europeos, a los inversores, que este es el presupuesto posible y necesario a un tiempo. Rajoy dice que se aplicará “sí o sí” porque la alternativa es
"el hundimiento". Luis de Guindos cree que convencerán a los mercados y a sus “colegas europeos”. Pero probablemente, sin negar el esfuerzo de equilibrio entre el realismo y la conveniencia política, no sean suficientes. Y acabaremos viendo el anuncio de que, a partir del primero de julio, el IVA subirá en dos o tres puntos.