Los cien días de recortes y reformas

Los cien días de recortes y reformas


La cuestión es que el uso de los cien días cuajó en la política estadounidense, y nosotros la hemos adoptado como propia. Pero el sentido era que el pueblo, los medios de comunicación, los partidos (allí más desligados del Gobierno que aquí), suspendieran sus consideraciones más críticas hasta que las primeras medidas adoptadas permitiesen un juicio más sosegado y certero. Un ardid, propio de un as de la propaganda como FDR, para acallar un elemento tan importante dentro de una democracia como es el escrutinio de la acción de gobierno por la prensa, las asociaciones de la sociedad, y la oposición.

Hoy, en España, el señuelo de los 100 días no se ha impuesto. Pero la cifra tiene su relevancia por cuanto contiene el período más importante de recortes y reformas económicas en un tiempo tan breve de la historia contemporánea de nuestro país. La Constitución de 1812, ahora recordada con motivo de su segundo centenario, fue una obra de dos años. Sólo el Plan de Estabilización de 1959 se le acerca. Los Pactos de La Moncloa ni impusieron una reforma tan profunda, ni formaron parte de un plan coherente ideado por un equipo económico, ni se gestaron en un período tan breve.

En este período, el Gobierno ha dado cinco grandes impulsos a la reforma, y alguno otro, también importante, aunque quizá no tanto como estos cinco pilares. El primero y el último, en realidad, han de ser considerados conjuntamente. Se trata del decreto de medidas urgentes de 30 de diciembre, y de los Presupuestos Generales del Estado, aprobados el pasado viernes. Luego los consideraremos.

El segundo impulso es el de la reforma financiera, aprobada en el primer consejo de ministros del año 2012. En resumidas cuentas, obligaba a los bancos a reconocer las pérdidas sufridas por los malos créditos en el mercado inmobiliario. Les obliga a un saneamiento por valor de 50.000 millones de euros, y favorece la fusión de aquéllas entidades que no puedan resistir este esfuerzo.

El tercer pilar de este período reformista, es el contexto que engloba estas medidas de ajuste fiscal, es el proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que desarrolla el cambio en la Constitución que se realizó en la legislatura anterior. Obliga a todas las administraciones a tener presupuestos equilibrados, y les prohíbe superar un endeudamiento conjunto del 60 por ciento del PIB. Lo más importante es que permite al Estado retomar un control sobre la fiscalidad de las Comunidades Autónomas.

El cuarto es la primera reforma laboral importante desde 1944, y que es la clave del resto de medidas adoptadas por el Gobierno. Generaliza el despido a 33 días y facilita el despido procedente, a 20 días. Da prioridad a los convenios de empresa frente a los sectoriales y le resta poder a los sindicatos. Supone trasladar, al menos en parte, el peso de la negociación desde los sindicatos y las grandes empresas, al ámbito de cada una de ellas con sus propios trabajadores. Y, en segunda derivada, facilitar los ajustes dentro de la empresa, sin tener que recurrir, como solución más fácil y, a veces, la única posible, al despido.

El primer y el quinto pilar de esta política reformista son los recortes en el gasto y los aumentos de los impuestos. ¿Serán suficientes para corregir el déficit? Los números parecen darle la razón. El Gobierno necesita hacer un ajuste de 35.000 millones de euros para rebajar el déficit público del 8,5 al 5,3 por ciento. Tomemos en cuenta todos los ajustes realizados por el nuevo Gobierno.

El Ejecutivo habla de un ajuste en el gasto de 13.406 millones que le resta a los ministerios, apenas 4.000 millones más que lo anunciado en diciembre. ¿Y los ingresos? El aumento del IRPF supondrá, según los cálculos del Gobierno, 4.100 millones de euros. Diversos cambios en el Impuesto de Sociedades, 5.350 millones. Tasas e impuestos especiales, 364. Y la afloración de dinero negro gracias a la amnistía fiscal, 2.500 millones de euros. En total, 12.314 millones. Pero de estos ingresos hay que restar el efecto de la recesión, valorado en casi 4.000 millones. Luego la recaudación rondará los 9.000 millones. Resumen: 13.000 menos de gasto más 9.000 de ingresos añadidos, 22.000 millones por parte del Estado.

Esos 22.000 millones de euros se quedan muy lejos de los 35.000 necesarios, pero hay que tener en cuenta el ajuste que tienen que hacer las Comunidades Autónomas. Las regiones tienen que reducir su aportación al déficit del 2,94 al 1,5 por ciento. Son más de 15.000 millones más. Las corporaciones locales y la Seguridad Social, otros 1.000 millones de euros en cada rúbrica. El ajuste conjunto rondaría los 39.000 millones de euros. En principio, más que suficiente.

El problema con estas cuentas es que 1) No se sabe, en realidad, qué va a ocurrir con los ingresos, y menos con la amnistía. Y 2) Que el Gobierno está empezando a retomar las riendas de las cuentas públicas. Pero no lo ha hecho. Y nada asegura su éxito.