La ley contra el vandalismo

La huelga general convocada por las centrales sindicales el pasado jueves trajo el tan nefasto como más que inquietante corolario de graves incidentes de orden público, localizados especialmente en Cataluña, sobre todo en Barcelona. Grupos de radicales, ultraizquierdistas y antisistema protagonizaron múltiples sucesos, empleando técnicas de la kale borroka, con levantamiento de barricadas, colocación de artefactos explosivos caseros, lanzamiento de todo tipo de objetos, quema de contenedores y otras actuaciones que provocaron una gran violencia y sumieron la Ciudad Condal en el caos. Los altercados en Cataluña se saldaron con la detención de casi ochenta personas y numerosos heridos, no pocos de ellos pertenecientes a los Mossos d’escuadra

Ahora, de los detenidos que pasaron a disposición judicial, diez de ellos han quedado en libertad, si bien con la obligación de presentaciones quincenales y cinco ingresarán en prisión preventiva por desorden público, atentado y daños, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se da la circunstancia que uno de los acusados tiene a sus espaldas un amplio historial, en el que, al parecer, entre otros hechos, se encuentra su participación en el asedio al Parlamento el pasado quince de junio. Esta reincidencia resulta harto significativa y pone de manifiesto que, si bien los grupos de alborotadores son aún una minoría, es una minoría que se envalentona cada vez más y va creciendo. Se trata de “profesionales” de la violencia urbana que aprovechan cualquier oportunidad para incendiar las calles, máxime cuando no perciben una respuesta contundente y firme a su vandalismo y tienen la sensación de que pueden actuar con impunidad. Muestra de ello, es que no solo el día de la huelga general, sino de un tiempo a esta parte, Barcelona parece haberse convertido en un centro neurálgico de los antisistema.

A ello no es ajeno la actitud permisiva, o cuando menos comprensiva, desarrollada en la etapa de Gobierno del tripartito catalán. No debe existir, sin embargo, ningún tipo de permisividad o excusas con quienes practican el vandalismo. Los graves sucesos ocurridos en Barcelona el día de la huelga general no solo causaron numerosísimos daños materiales, sino, lo que es peor, si cabe, ligaron irremisiblemente en el exterior la huelga a actos de violencia, causando un enorme perjuicio a la imagen de España.

En este sentido, resulta imprescindible la reforma legal en la que ya están trabajando conjuntamente los ministerios de Interior y Justicia para que el castigo a los que participan en actos vandálicos se equipare a los de terrorismo callejero de la kale borroka, de modo tal que las fuerzas de seguridad cuenten con instrumentos jurídicos más eficaces para luchar contra la guerrilla urbana. Es urgente que esta reforma sea pronto efectiva y pueda ponerse en práctica sin dilaciones. Hay que desarticular los grupos de Cataluña e impedir que se extiendan cada vez con más fuerza al resto de España. Como bien ha declarado el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, “Barcelona no se puede convertir en la capital antisistema de Europa”. Ni Barcelona -donde, según fuentes policiales, en solo un año han pasado de 400 a 2000 los seguidores de grupos radicales- ni ninguna ciudad española, riesgo que se corre si no se actúa con diligencia en un asunto como este de enorme gravedad.