Política y valores en tiempos de amnistía fiscal

La amnistía fiscal que ha propuesto el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado viernes, dentro de la ley presupuestaria, supone lanzar un mensaje muy contradictorio y contraproducente al ciudadano medio que cobra su nómina y paga sus impuestos. No digo yo que lo haga de forma entusiasta y convencido de la necesidad de contribuir al erario porque tenga una estricta conciencia moral de lo colectivo y sea consciente de que entre todos tenemos que pagar los gastos públicos a los que nos comprometemos indirectamente a través de los representantes de la soberanía. Nunca me ha gustado halagar gratuitamente al soi-disant pueblo y creo conocer bastante bien la sociedad española, porque uno frecuenta y vive en muy distintos ambientes, como para saber que muchos ciudadanos eludirían los tributos si pudieran, y de hecho lo hacen en cuanto se presenta la ocasión. Seguro que han oído innumerables veces eso de la factura con IVA o sin IVA. Aprovechando la anonimidad de la lectura internauta, reconozca cada uno en su ensimismamiento que alguna vez se ha sentido atraído por esa reducción que ya ronda casi el 20%.

Hace unos meses se discutió mucho sobre un informe que situaba la economía sumergida en torno al 25% del PIB, y se dijo que era una cifra desproporcionada. Entre otras razones –aunque en realidad no lo es–, la que más se aireó en la prensa es que, de ser así, estaríamos por encima de economías europeas que nos aventajan de forma notable. Bien es cierto que hay países europeos –sobre todo en nuestro entorno mediterráneo– que están en una situación pareja o peor. Ahora, al anunciarse la amnistía fiscal que propone el Gobierno del PP, se está reconociendo implícitamente que aquella cifra no era tan descabellada.

Todo el mundo es consciente de que el grueso de los ingresos de los tributos directos españoles procede de las rentas del trabajo, de las nóminas, que son controlables por el fisco, especialmente las funcionariales, un sector que es verdad que tiene estabilidad en el empleo pero al que se le ha obligado a hacer un enorme esfuerzo para controlar el déficit público, esfuerzo en nada equiparable a las subidas salariales que pudo gozar en los tiempos de bonanza cuando las rentas de los funcionarios no subieron ni mucho menos lo que subían los salarios de la empresa privada y los beneficios de autónomos y empresas. Y téngase siempre presente –frente a la tradicional imagen del covachuelista que se escaquea, que, dicho sea de paso, son los menos, aunque sean muchos– que entre esos funcionarios está el profesor que educa a nuestros hijos, el cirujano que nos opera, el policía que salvaguarda nuestra seguridad...

Cualquiera que se pase un rato en el bar de la esquina de cualquier barrio popular se hará cargo de que incluso en las rentas del trabajo no funcionariales hay mucha economía encubierta, antes y después de la crisis, pues no es infrecuente que muchos empleados cobren en negro una parte de su sueldo, sobre todo en algunos sectores.

En ese mismo bar de la esquina o en cualquier comida familiar o entre amigos (y perdonen que a pesar de mi formación jurídica, politológica y sociológica recomiende estas fuentes informales), uno se puede informar de los numerosos ingresos que no declaran los autónomos y los pequeños, medianos y grandes empresarios (aunque para informarse de esto quizá haya que ir algún gimnasio o club privado), o la cantidad de gastos que se justifican indebidamente como desgravaciones societarias. Todos somos conscientes de que en algunos sectores como la construcción el fraude fiscal ha sido no un abuso sino el uso durante los años en que flotábamos todos dentro de la burbuja inmobiliaria. Ni ayuntamientos, ni comunidades autónomas, ni el gobierno central hicieron entonces gran cosa para que aflorase ese dinero negro o ennegrecido, que dio pie a tantas corruptelas políticas.

Ahora la amnistía fiscal viene a decir a los trabajadores y a los muchísimos autónomos y empresarios honrados que han hecho el primo porque podían haber ocultado, especialmente estos dos últimos grupos, parte de sus beneficios, y en vez de tributar al 25, al 30, al 40 o al 45%, podrían habérselo embolsado y pagar ahora, si quieren, al 10%.

La situación económica, dice el Gobierno, obliga a aprobar una amnistía fiscal que haga aflorar dinero para aumentar los ingresos, y así no subir otros impuestos, y para poder incorporar al PIB parte de la economía encubierta de forma que tribute en años sucesivos. Podemos intentar convencernos de la oportunidad de dicha medida, pero siendo conscientes de que la amnistía fiscal que va a aprobar el Parlamento, si no media una enmienda, es una inmoralidad, sobre todo, si no va acompañada de un claro mensaje de “punto final”, que sea creíble, para lo cual es necesario que se endurezcan las penas por delitos fiscales y que se establezca la no prescripción de dichos delitos.