Inquietar a los mercados

Los gobiernos de todos los países europeos, incluido el alemán, y las instituciones europeas llevan intentando apaciguar a los mercados desde el comienzo de la crisis económica, pero quizá convendría, después de tantas medidas aprobadas y ejecutadas sin que éstos se hayan calmado, empezar a inquietarlos. Me explico.

Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y España son un claro ejemplo de que la adopción de medidas de restricción y rigor presupuestarios no resultan nunca suficientes a los mercados, esos señores de faz desconocida pero de voluntad firme, que tienen libre acceso, como renacidos oráculos, a los mandatarios mundiales. Rajoy, que en tres meses de gobierno ha superando a Zapatero en el nerviosismo con el que aprueba medidas que afectan al bolsillo de todos los ciudadanos y en decir digo donde dijo Diego, presentó –bueno, por intermediario, que parece ser otro rasgo de su manera de gobernar a pesar de que es necesario un liderazgo fuerte y una voz que exprese claramente los objetivos del Gobierno–, presentó, digo, unos presupuestos que suponían un brutal ajuste de las cuentas públicas para conseguir alcanzar el objetivo de déficit del 5,3%. Una semana después, el presidente –nuevamente mediante intermediario a pesar de la gravedad del asunto– anuncia un nuevo recorte de 10.000 millones de euros que afectarán a dos de los pilares básicos del Estado del bienestar: la sanidad y la educación.

Antes de ir al fondo de la cuestión de este artículo –la idea de que hay que empezar a inquietar a los mercados en lugar de apaciguarlos–, conviene que nos detengamos un momento en qué supone este anunciado recorte, mirándolo desde la perspectiva histórica de nuestra edad contemporánea. Ya sé que algunos se alarmarán por que nos vayamos tan lejos, pero para mirar de cara al futuro conviene que tengamos bien interiorizado el pasado que constituye nuestro presente.

Los demócratas y socialistas criticaron en el siglo XIX lo que llamaban libertades formales del liberalismo frente a lo que para ellos era la verdadera libertad, la cual sólo podría garantizar no la “igualdad ante la ley” sino la “igualdad real”. Mientras los ciudadanos no pudieran disfrutar de unos mínimos que les asegurasen un nivel de vida digno, la igualdad ante la ley y el ejercicio de las libertades individuales y políticas fundamentales sería pura filfa, decían –no sin notables razones– los progresistas del siglo XIX y de principios del siglo XX. La fundación de los seguros sociales (pensiones de vejez, viudedad, orfandad, incapacidad laboral, más tarde desempleo, maternidad) y de una sanidad y de una educación públicas permitieron que la igualdad ante la ley se convirtiese en una igualdad real. Nada hay más igualador que la igualdad de oportunidades que da una buena educación pública. Y nada más justo socialmente que garantizar con el esfuerzo de todos una cobertura estatal a aquellos que se encuentran en situaciones de necesidad como son la enfermedad, la vejez o el desempleo.

Estas políticas se convirtieron después de la Segunda Guerra Mundial en un patrimonio de todos dentro de los países europeos occidentales, más allá de ideologías políticas, aunque las diferencias eran evidentemente muchas e importantes. La democracia cristiana y los liberales conservadores aprendieron de las malas experiencias (dos guerras mundiales) y entendieron que una sociedad más justa socialmente, es decir, más igualitaria, era una garantía de estabilidad y de progreso, al tiempo que alejaba el conflicto social. Ese consenso se rompió a partir de los años 70 con el auge de un liberalismo –ya presente, sin duda, desde mucho antes, pero ahora con poder político y no sólo académico– que centraba su discurso en la desregulación de los mercados y la desmantelación de muchas de las políticas que habían permitido construir los Estados del bienestar. Sobre los excesos y la mala gestión de éstos y su necesaria transformación hay mucho que decir, pero no en las ya escasas líneas de esta columna.

El Gobierno de Rajoy todavía no ha explicado en qué consistirán los recortes en sanidad y educación, los cuales tendrán que aplicar, en cualquier caso, las Comunidades Autónomas porque son las que ejercen el mayor número de competencias en estas materias. Las instituciones europeas han puesto el ojo en el déficit desbocado de las Comunidades Autónomas. Parece que el sentido del recorte anunciado por el Gobierno persigue mostrar a dichas instituciones que en este terreno también se van a hacer las reformas que garanticen la estabilidad presupuestaria en breve plazo. Todo lo que sea mejorar la eficiencia de la gestión, bien venido sea, pero es muy preocupante que los recortes puedan afectar a la cohesión social. En el caso concreto de la educación, si sumamos este nuevo recorte a los ya recogidos en los presupuestos generales del Estado tanto en materia de becas como en las partidas destinadas a investigación, desarrollo e innovación, el mensaje que envía el Gobierno a la sociedad es contradictorio con la garantía de la igualdad de oportunidades y con la construcción de una sociedad del conocimiento que, a medio y largo plazo, es lo único que nos puede sacar de la crisis, pues es la base para el cambio del modelo productivo y, consecuentemente, para la generación de empleo.

El PP, que ha obtenido un respaldo mayoritario en las urnas, tiene evidentemente derecho a aplicar las políticas que crea convenientes y necesarias. Rajoy ha dicho que ni a él le gustan algunas de las que están aprobando, pero yo me temo que con la excusa de la presión de los mercados algunos dirigentes populares estén aprovechando para aplicar a rajatabla el manual doctrinario del perfecto liberal económico. Políticamente es muy arriesgado tocar algunos pilares de la sociedad para apaciguar a unos mercados insaciables, que hoy mismo, con su presión sobre la prima de riesgo y la bolsa, exigen ya algún recorte más. Por eso me pregunto si no ha llegado el momento de empezar a inquietar a estos mercados en vez de apaciguarlos. Desde luego que no puede hacerse sólo desde un país, pero sí podrían mandarse mensajes nítidos desde las instituciones europeas, dejando claro quién tiene la barita nada mágica ni espectral de la legislación: los poderes políticos, que se sustentan en la soberanía, la cual, aunque los gobernantes no quieran enterarse, ha pasado ya de ser nacional a supranacional. Desde su legitimidad que ésta otorga se puede responder a los también supranacionales mercados, por ejemplo, deslindando la economía financiera especuladora de la economía productiva por medio de regulaciones y gravámenes a la primera para evitar que sus excesos perjudiquen al conjunto; acorralando a los capitales depositados en paraísos fiscales; reduciendo los tipos de interés de la eurozona para equipararlos a los de Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón; fomentando la libre competencia en los sectores que actúan de forma oligopolística para que todos los ciudadanos europeos se beneficien de una rebaja de precios en productos y servicios; mejorando la eficiencia de la gestión pública, que puede ser un elemento que –frente a la opinión extendida por un liberalismo doctrinario– incentive el mejor funcionamiento de los mercados en determinados sectores...