Los empresarios no podrán pagar en efectivo más de 2.500 euros

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles que el plan de lucha contra el fraude fiscal que aprobará el viernes el Consejo de Ministros prohibirá el pago en efectivo en operaciones de más de 2.500 euros en las que al menos intervenga un empresario profesional.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados y en respuesta a una pregunta sobre la amnistía fiscal formulada por el coordinador general de IU, Cayo Lara, el presidente del Gobierno ha avanzado que los que incumplan esta prohibición se enfrentarán a multas del 25% del importe del pago hecho en efectivo.

El Gobierno ya había avanzado que el plan de lucha contra el fraude incluiría limitaciones el uso de dinero efectivo en determinadas operaciones, aunque no había precisado hasta ahora donde se situaría el umbral (sí se habló en su momento de que éste podría ser de 1.000 euros para los autónomos).

Con esta medida se pretende impedir la utilización de dinero negro en operaciones comerciales y, en el caso de las empresas, ponerles un obstáculo para que no recurran a facturas falsas. El plan de lucha contra el fraude que aprobará el viernes el Consejo de Ministros pretende recaudar hasta 8.171 millones de euros en 2012.

Rajoy ha defendido ante Cayo Lara la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en el marco de la lucha contra el déficit público, señalando que se trata de una medida "extraordinaria y excepcional", sólo válida para 2012, adoptada en una situación "dificilísima" y que ayudará a mejorar los ingresos del Estado.

De hecho, ha insistido en que se trata de una medida recomendada por la OCDE en situaciones complicadas y que ha sido utilizada ya en países como Alemania, Estados Unidos e Italia, país este último donde permitió recaudar 5.000 millones de euros en 2009 y 2010.

El presidente ha dicho además que en España ya se hicieron tres amnistías fiscales en el pasado (1977, 1984 y 1991) y que, a diferencia de entonces, cuando los defraudadores que afloraron activos no pagaron nada a Hacienda, en este caso pagarán entre el 8% y el 10%.

Cayo Lara: No es la manera de combatir el déficit
Por su parte, el coordinador general de IU, Cayo Lara, ha advertido al Gobierno de que la amnistía fiscal "no es la manera de combatir" el déficit y ha denunciado que se trata de una iniciativa "injusta e inconstitucional".

Lara ha recordado a Rajoy que cuando el PP estaba en la oposición rechazó la amnistía fiscal que propuso el Gobierno socialista alegando que era "injusta y antisocial", en palabras de la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

"Somos conscientes de la situación de gravedad, pero la amnistía fiscal permite que nos sigan robando a todos con impunidad. El problema del fraude no se resuleve recortando el presupuesto de la Agencia Tributaria y perdonando a los defraudadores", ha espetado Lara.

El coordinador general de IU ha pedido a Rajoy un verdadero plan antifraude, con más recursos para la Agencia Tributaria, y ha aprovechado la ocasión para pedirle al presidente que cuando vaya a anunciar recortes de 10.000 millones de euros "lo haga en sede parlamentaria".

Las ideas claras
Por otra parte, Rajoy ha asegurado en el Congreso que la situación que vive España es "excepcional" pero ha garantizado que el Ejecutivo tiene "las ideas claras" y que está abierto al diálogo, pero no para hacer lo que piden los partidos de la oposición que tienen menos apoyos. En declaraciones en los pasillos del Congreso ante los periodistas, Rajoy ha reconocido que la política que está llevando a cabo el Gobierno es "dura" y "costosa" y que no va a tener efectos "a corto plazo", pero ha insistido en que "es la que hay que hacer en estos momentos".

En este sentido, ha recalcado que él mismo ha dicho en "numerosas ocasiones" que la situación es "muy difícil", tanto para "muchísimos españoles" como para el país "como nación", ya que hay "muchísima gente en desempleo, problemas de crecimiento económico, gente que ha perdido el nivel de vida" y muchas administraciones que "tienen dificultades para financiarse". "Lógicamente eso nos sitúa en una situación excepcional y tenemos que reaccionar con medidas excepcionales", ha subrayado, tras recordar que el año pasado se gastó 90.000 millones de euros más de lo que se ingresó, una deuda que puede colocar a España en una "situación muy difícil".

En este contexto, ha indicado que hay que "reducir el déficit público, gastando de acuerdo con lo que se ingresa, hacer reformas para "ser competitivos", trabajar en la reestructuración del sistema financiero para que vuelva el crédito y seguir con las reformas. "Hemos hecho muchas en estos tres meses, pero más tendremos que hacer en los próximos tiempos", ha advertido.

Hay que fijar los cimientos para el futuro
Tras asegurar que se trata de "fijar los cimientos para poder crecer y crear empleo en el futuro", ha reiterado ante los periodistas que la situación es "difícil" y "complicada". "Lo que nos hemos encontrado dificulta muchos las cosas pero el Gobierno tiene las ideas claras, el rumbo y la voluntad política de hacer las reformas que en este momento necesita nuestro país", ha enfatizado.

Al ser preguntado por la petición de pacto de legislatura con los grupos que ha propuesto UPyD, el jefe del Ejecutivo ha señalado que está abierto al diálogo pero ha recalcado que lo que el Gobierno no puede hacer es "tomar las decisiones que quieren grupos parlamentarios que tienen muchísimo menos apoyo".

"A partir de ahí estamos dispuestos a construir, pero insisto, nuestra principal obligación en estos momentos es decidir, gobernar y sacar a España de la situación en la que nos encontramos", ha proclamado. En su opinión, el Ejecutivo no puede "abdicar de su responsabilidad de gobernar" porque sería "lo único" que no les "perdonarían los españoles de ninguna de las maneras".

Apoyo de una mayoría de españoles
Dicho esto, el presidente del Gobierno ha subrayado que el Ejecutivo cuenta con el apoyo de una mayoría de españoles y tiene la "obligación" de gobernar. Ha asegurado que el Ejecutivo y el PP hablan con todos los grupos parlamentarios, ha recordado que la reforma laboral ha sido aprobada por "algunos grupos" y ha añadido que llevarán las nuevas reformas en materia sanitaria y educativa a las conferencias sectoriales.

"Nosotros hablamos con todo el mundo pero lo que es evidente es que hay muchas políticas en las que no vamos a coincidir. Y lo único que todos tenemos claro es que no se pueden hacer las políticas económicas que se hicieron en los últimos años porque son esas políticas las que nos han traído hasta aquí. Hay que hacer una política económica diferente", ha declarado, para recriminar una vez más al PSOE que no vaya a apoyar este jueves la Ley de Estabilidad Presupuesta que pactaron este verano él mismo pactó con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.