Ofensiva diplomática contra la expropiación de Repsol

La crisis diplomática que ha provocado la posible expropiación de la participación de Repsol en la petrolera argentina YPF por parte del Gobierno de Buenos Aires ha tenido este viernes repercusiones no sólo ya a nivel bilateral sino también a nivel de la Unión Europea. Pero con un grave problema, nadie sabe qué se puede hacer para evitar una decisión totalmente unilateral, como señalan fuentes diplomáticas consultadas por este diario, que en un principio afecta a una compañía española pero que nadie descarta que pueda extenderse a otras empresas europeas que operan en ese país. Y más allá, las mismas fuentes señalan que si la decisión tomada por Cristina Fernández Kirchner cunde en otros países de zona con gobiernos populistas de Iberoamérica, ¿qué seguridad jurídica tendrán a partir de ahora ya no sólo las empresas españolas que operan en esa zona, sino otras europeas?

El órdago argentino ha provocado una reacción inmediata de las autoridades españoles, que tal y como anunció el ministro de Industria, José Manuel Soria, considera esta posible expropiación como un “gesto de hostilidad hacia España y su Gobierno”. De hecho, el titular de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha convocado esta misma mañana al embajador del país iberoamericano en el Ministerio, Carlos Bettini, y ha mantenido contactos al más alto nivel no sólo con la UE, sino también con autoridades de Estados Unidos, Colombia y México, país que actualmente preside el G-20.

García Margallo no ha querido dar un salto y poner sobre la mesa posibles represalias contra el Gobierno argentino si esta crisis no se resuelve porque “esa hora todavía no ha llegado y ahora es tiempo de hacer una llama al sentido común y al buen acuerdo”. Sin embargo, las fuentes consultadas por “El Imparcial” han subrayado que el Ejecutivo español no se ha quedado quieto y ha reaccionado “con presteza y firmeza ante la situación creada”. En este punto destacan el cambio de la política exterior de nuestro país: “Ya no es ver, oír y callar, sino que ahora se ve, se oye y se actúa, como se ha demostrado desde que la crisis estallara el jueves”.

En un hecho sin precedentes en los últimos tiempos, “dígase durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Exteriores no ha tardado ni veinticuatro horas en llamar a consultas al embajador argentino, una dura medida diplomática, ni en llevar a cabo consultas ya no sólo con la Unión Europea, sino con países de gran influencia en esa zona como los propios Estados Unidos, México o Colombia”, según las mismas fuentes. En este sentido explican que “si la política adoptada por Cristina Fernández se extiende, ya no solo en su país, sino en todos con Gobiernos de carácter populista de la zona, la presencia de grandes empresas internacionales, además de las españolas, estaría en cuestión ante la posibilidad de que el Ejecutivo de turno decidiera la expropiación de las mismas”.

La Comisión Europea, entendiendo la gravedad de la situación, se ha puesto en contacto con un miembro del gabinete de la presidenta argentina para expresarle su preocupación por los planes de su Ejecutivo. Pero también ha reconocido que no tiene mecanismos jurídicos para presionar al país iberoamericano si incumple sus compromisos con empresas y con países comunitarios como es el caso de Repsol. En este sentido, recuerdan que el marco jurídico que se aplica en este caso es el tratado de protección de la inversión bilateral entre España y Argentina, ante lo que la UE no puede actuar legalmente, aunque las fuentes consultadas señalan que “sí políticamente, como ha hecho poniéndose en contacto con las autoridades de Buenos Aires”.