Suspendidas las acciones de YPF en la Bolsa de Buenos Aires

La cotización de las acciones de la petrolera argentina YPF, filial de la española Repsol, en la Bolsa de Buenos Aires ha sido suspendida tras conocerse la decisión del Gobierno de Argentina de declarar "de utilidad pública y sujeto a expropiación" el 51% del capital de YPF.

Los títulos de la filial de Repsol perdían un 2,44% en el momento de la suspensión de su cotización, después de que habían iniciado la sesión con tendencia positiva en la Bolsa de Buenos Aires. En esta misma línea, el selectivo argentino cambió de tendencia tras conocerse el proyecto para nacionalizar YPF, llevando al indicador a caer más de un 2,5%.

Por su parte, los títulos de la empresa que cotizan en Nueva York se desplomaban tras el anunció del Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner en torno a un 15%, aunque han llegado a caer un 20,6%. Antes de conocerse la noticia, las acciones de YPF llegaron a subir un 6,9%.

Por su parte, las acciones de Repsol YPF cerraron la jornada en la Bolsa de Madrid con un avance del 0,06%, hasta 17,480 euros, después de haber liderado durante la mayor parte de la jornada los avances del selectivo Ibex 35, con subidas que llegaron a alcanzar los 18,005 euros.

El Gobierno de Argentina ha anunciado que remitirá este lunes al Parlamento una norma en la que declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación" el 51% del capital de YPF, filial de Repsol, según el texto del reglamento, leído durante un acto en el Salón de las Mujeres, en la Casa Rosada, y transmitido al país por la televisión pública.

El título tres de la nueva norma, que consta de 19 artículos, alude a la "recuperación del control de YPF" y a la "expropiación" de la empresa, participada en la actualidad en un 57% por Repsol. "A efectos de garantizar el cumplimiento de la presente, declarase de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF", asegura la norma.

Dentro del capital expropiado equivalente al 51% de la empresa, el Estado central asumirá a su vez un 51% y las provincias un 49%, de modo que el Gobierno tendrá un 26,01% del capital final y las provincias, el 24,99% restante.