El costo invisible de YPF

Ni la privatización ni la estatización son buenas o malas en si mismas, se trata de meras herramientas. Como tales, pueden ser bien o mal usadas. Y son bien o mal usadas según satisfagan, o no, al interés general de la sociedad de que se trate. Hay empresas privadas que articulan su lucro legítimo con aquél objetivo superior y administraciones estatales que consiguen explotarlas con eficiencia y control de la corrupción. Desgraciadamente, este no ha sido casi nunca el caso en América latina, incluyendo a nuestro país.

Como resultado, más o menos cada diez años nuestras opiniones públicas resultan cruelmente azotadas por amargas decepciones, ora a causa del estatismo, ora a causa del privatismo, cayendo una y otra vez en la trampa de discutir a cuál de los dos echarle la culpa de tantos fracasos reiterados. Este error es deliberadamente fogoneado por quienes, desde las clases política y empresaria medran históricamente a la sombra de una u otra forma de maquillar las dos distintas formas de estafarnos: la culpa no es de la herramienta sino de quienes, alternativamente, consiguen manejarla.

Los argentinos conocemos bien esa perversa alternancia en la que nada parece funcionar. Así, los sistemas de jubilación privada, con tanto éxito en medio mundo y en el vecino Chile, aquí terminaron en un escándalo, reemplazados por el regreso al sistema estatal de reparto, que tan buen resultado registra desde hace décadas en varios países y en el nuestro ha configurado un fracaso en el pasado y en la actualidad.

La esencia de ese mecanismo perverso es, en ambos casos, la misma: privados que confunden su interés particular con el interés general y gobernantes que identifican ilegítimamente al Estado con el gobierno de turno: ambos usurpan los beneficios que por derecho corresponden al cuerpo social. Y cuando la clase política no puede manejar esas empresas directamente termina adjudicándola a particulares a través de mecanismos casi nunca transparentes.

El sentimiento nacional suele utilizarse maliciosamente en estas disputas. No es más patriótico que a YPF la manejen empresarios privados que funcionarios estatales, lo patriótico es que lo hagan sin robar y aportando al autoabastecimiento. Pero a esta altura nadie desconoce que, aún la más abierta de las concepciones económicas contempla como deseable que las sociedades conserven alguna forma de control efectivo sobre actividades que se consideran estratégicas, con lo que no es lo mismo visualizar a una fábrica de caramelos que a un emprendimiento de agua pesada, de salud pública o de hidrocarburos. Es a causa de ello que los estados nacionales en América latina debimos independizarnos dos veces: políticamente en el siglo diecinueve y económicamente en el siglo veinte. En ambos casos, la herramienta fue el Estado, generando una identificación pública de éste con la soberanía que es mayor que en otras partes del mundo.

Casi sin excepción, las administraciones estatales resultantes fueron invariablemente catastróficas, pero en el inconciente colectivo permanece el reflejo de que algo es más nuestro si lo maneja el gobierno y no los particulares, mucho más si éstos son extranjeros. Aerolíneas Argentinas es un caso cercano de esa paradoja: su muy mala administración privada fue largamente superada por la actual estatizada, con la cual perdemos dos millones de dólares cada día … pero si se pregunta a la gente, la mayoría la quiere mantener en la órbita del Estado.

Con YPF ocurrirá muy probablemente lo mismo. Sobrevendrán acusaciones cruzadas entre Repsol y nuestro gobierno que alimentarán una cacofonía que terminará confundiendo hasta a los expertos, pero el problema continuará siendo el mismo: estaremos cada día más lejos del autoabastecimiento.

Esta vez, estamos incurriendo en un costo invisible, enorme y de cobro a largo plazo, pero no menos existente: la manera agraviante y probablemente ilegal con que ejercimos, abusivamente, nuestro derecho constitucional a la expropiación de las acciones españolas de YPF. Si la idea es que el Estado pase a controlar la mayoría de ese paquete, para luego concertar con empresas gerenciadoras profesionales expertas, como es el caso de tantos ejemplos, el más cercano la brasileña Petrobras, el camino pudo ser otro mucho más civilizado, que no dañara la entrañable relación histórica con la madre patria y continuara precipitándonos en una marginación internacional tan innecesaria como peligrosa. No importa cuánto dinero terminemos supuestamente ahorrándonos cuando finalmente paguemos –otro gobierno lejano, por cierto- por esta expropiación a los panzazos, el costo invisible pero real sobre nuestro respeto engrosará el ya enorme pasivo que tenemos en el mundo.