Los defensores del pueblo defienden su existencia

Hace unas semanas se reunieron, en el Centro Riojano de Madrid, los defensores del pueblo para defender su continuidad. Justificaron la misma en su relevante función como mediadores en la actual crisis económica y laboral y como interlocutores ante las Administraciones e incluso ante los Bancos y Compañías de Seguros. Por supuesto se consideraron imprescindibles e insustituibles. Poco más o menos, que sin ellos no es posible el Estado democrático de Derecho.

Han visto las orejas al lobo tras la ley castellano-manchega, impulsada por María Dolores de Cospedal, que suprimió de un plumazo la institución en dicha Comunidad. Y han sufrido el recorte presupuestario los de otras Comunidades –como los de Rioja y Navarra- lo que les ha hecho poner las barbas a remojar. Eso sí, algunos como los del País Vasco, Cataluña o Andalucía se sienten muy seguros pues se consideran intocables. Ya se imaginan los por qués (la consabida identidad y el hecho diferencial, sin perjuicio de la necesidad de marcar singularidades, cueste lo que cueste).

Madrid o Extremadura no tienen Defensor del Pueblo y no creo que sean de peor condición sus ciudadanos ni estén peor atendidos. No conozco a ningún madrileño que eche de menos contar con un Defensor del pueblo propio (hay uno del menor y otro del paciente, pero no están reconocidos estatutariamente). Se puede vivir perfectamente sin él. No es una institución necesaria, insolayable o indefectible.

Nuestros constituyentes, abducidos por el Ombudsman escandinavo, decidieron incorporar la figura del Defensor del Pueblo como órgano auxiliar del Parlamento para la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a las malas praxis de las Administraciones Públicas, de todas las Administraciones Públicas. No se dotó al órgano de potestad ejecutiva alguna, sino únicamente de capacidad de sugerencia y propuesta. Enseguida se vio inundado de quejas, que atendía debidamente, y que recogía en una Memoria que anualmente presentaba el Defensor del Pueblo ante el Pleno del Congreso de los Diputados, y que pasaba absolutamente desapercibida salvo alguna cuestión puntual o más o menos morbosa.

En cualquier caso, la institución era muy golosa para las Comunidades Autónomas. Vistosa, tranquilizadora de conciencias, intermediadora entre el ciudadano y la Administración, pero sin potestad para cambiar las cosas (todo lo más algún tirón de orejas), por lo que se produjo la consabida creación de los defensores del pueblo autonómicos de forma clónica. ¡Hasta 14!, que fueron desposeyendo al Defensor del Pueblo (estatal si se me permite) de sus funciones en relación con las respectivas administraciones autonómicas. La repetición institucional o, si se prefiere, la reprografía institucional, inundó nuestro modelo de Estado, olvidando, por supuesto, los principios de eficacia y eficiencia y naturalmente de colaboración y coordinación. La taifa institucional se asentó hasta que, ahora, con la crisis nos preguntamos ¿para qué? ¿por qué?

La autonomía política de una Comunidad no requiere reiterar vía fotocopia la organización estatal. Aún está a tiempo (antes de que la crisis nos derrote) de tomar medidas de ordenación institucional racional, aunque algunos dejen algún pelillo de identidad por el camino. No pasa absolutamente nada por ello.