El auténtico recorte: Las autonomías

Si bien lo consideramos, sin ningún tipo de prejuicio, hay que reconocer que cada vez que hemos sometido al juicio de alguna de las instituciones europeas la situación de nuestras actuales reformas económicas, junto a la alabanza más o menos determinante, ha aparecido la preocupación, como factor insoslayable, sobre nuestro diseño autonómico. Y es una preocupación esencial. El hecho de argumentar que, aquí o allá, se ha suprimido una Consejería, se ha suprimido alguna escolta o se han fusionado competencias, no nos ha llevado muy lejos. Con razón. Sin afirmar que medidas tales puedan considerarse como pequeñeces que en nada valen, el problema ha continuado. El motivo está en que no se ha abordado con seriedad y cierto orden el tema autonómico en su conjunto. Parece que ni a los grupos políticos mayoritarios les interesa “entrar a fondo” en dicho tema. Es posible porque algo habría que modificar la actual Constitución, menester que asusta en demasía, dado que el mismo texto constitucional no da pie a reformas. O, en segundo lugar, por el hecho de gozar de las ventajas de tener mayorías en una o varias Comunidades. En realidad, últimamente este problema está saliendo al aire y a la discusión, sobre todo por el desmadre del Estado y por las descaradas negativas que algunas Comunidades Autónomas han manifestado incluso frente a decisiones del mismo Tribunal Constitucional. A mi entender, un ordenado recorte en este punto iría por estos pasos. Con energía y gusten más o menos:

a) Supresión de todos los defensores regionales de derechos. Si el Defensor del Pueblo nacional tiene poco éxito en sus actividades, mucho menos los regionales.
b) Supresión de los Consejos regionales, llamados consultivos. Para algo están ya los Secretarios Técnicos de cada órgano ejecutivo y sus servicios jurídicos.
c) La radical supresión de semi-embajadas o agencias que algunas Comunidades se han dado a instalar. Los asuntos de cada una de ellas son asuntos del Estado.
d) Dado que el autonomismo tiene dos funciones, la de que los problemas lleguen para su solución al Gobierno regional, por un lado, y la de adoptar decisiones con vigencia en la región pertinente, habría que buscar y ensayar un sistema representativo autonómico diferente al actual. Me consta la gravedad de esta afirmación. Pero me asustan mucho más las cifras. Cada escaño autonómico cuesta nada menos que 319.000 euros al año. Los parlamentos regionales, que suman, 1228 diputados, gastarán este 2012 casi 400 millones de euros. Y entre todos ellos salen por el doble que el Congreso de los Diputados y el Senado juntos. El más caro, por cierto, es el catalán: 52 millones.

¿Es que podemos soportar y costear esta situación? Pues a mi entender, y sin romper el principio democrático (en nada tiene que ver con el autonómico), ahí está el problema, sin que nadie o casi nadie quiera abordarlo.