El Gobierno contempla subir el IVA en 2013 para cumplir el objetivo de déficit

El Gobierno ha presentado este viernes el Programa de Estabilidad 2012-2015, remitido a Bruselas para que conozca la hoja de ruta hacia la consolidación fiscal y el objetivo de déficit del 3 por ciento cuando finalice el año próximo. Asimismo, ha dado a conocer el Programa Nacional de Reformas, que contiene una modernización de todas las administraciones públicas y una racionalización de las mismas, evitando duplicidades.

Tras la celebración del Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría ha junto a Fátima Báñez y Luis de Guindos. Este último ha puesto fecha al equilibrio presupuestario, más allá del cuadro macroeconómico y presumiblemente de la legislatura. Sería en 2016 cuando el Gobierno diera por concluida la tarea de reducción. Para ello, el Ejecutivo vigilará de cerca el estricto cumplimiento de la Ley de Estabilidad por parte de las administraciones, susceptibles de cambios en su estructura y funcionamiento.

En materia de empleo, el ministro, que quiere ser “extremadamente cauto”, no contempla crecimiento hasta 2014, con una tasa en 2015 peor que la heredada en 2011. En 2020, prevé el equipo económico, se habrán creado dos millones de puestos de trabajo. No menos revuelo ha causado la subida de impuestos que ha dejado entrever De Guindos. Ha precisado que afectarán al consumo y que puede quedar incluido el IVA y los impuestos indirectos. Sin embargo, no se ha explayado mucho más en este asunto, rechazado y desmentido en anteriores intervenciones y que este viernes y por primera vez cobra fuerza.

Báñez ha tomado la palabra para exponer las medidas operativas y organizativas y reformas legales que el Ejecutivo marcará para frenar el fraude laboral, que toca la normativa en este ámbito y también el Código Penal. La medida quiere detener la merma de derechos sociales de los trabajadores, la competencia desleal a empresas que sí cumplen, el malestar social entre los ciudadanos y la pérdida para los recursos de la Seguridad Social. Asimismo, un buen funcionamiento de esto permitiría aflorar la economía sumergida. Las acciones principales pasan por el refuerzo en las inspecciones, un mayor y mejor control.

Las modificaciones en el Código Penal consistirán en la ampliación del periodo de prescripción de los delitos contra la Seguridad Social de cinco a diez años, en la exigencia del pago de las cuotas defraudadas para la exención de la responsabilidad penal y en la tipificación como delito del empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en situación irregular. Otras medidas pasan por motivar que las empresas de más de 100 trabajadores que obtengan beneficios deban realizar aportaciones al sistema si incluyen a empleados de más de 50 años en despidos colectivos. Por último, se prohíbe la inclusión de la jubilación obligatoria en convenios colectivos.