La necesaria orientación social de la investigación universitaria

La sociedad hoy más que nunca necesita de investigaciones, tanto de la universidad como de otros ámbitos, que supongan aportaciones útiles para los ciudadanos y la sociedad, que generen así mejoras para la calidad de vida, el avance tecnológico y el bienestar social, y de paso contribuyan en lo posible a disminuir los efectos de la profunda crisis económica que vive en estos tiempos nuestro país.

Además del imprescindible apoyo económico de la actividad investigadora, tanto desde el ámbito público como el privado, resulta necesario propiciar el aprovechamiento social del capital humano de las universidades con los recursos existentes, y motivar a los investigadores para que sus estudios e investigaciones generen, en definitiva, valor añadido social, y que justifiquen adecuadamente las contribuciones y el apoyo económico de la sociedad y los ciudadanos que sufragan esas investigaciones. Y en este sentido resulta necesario que los gobernantes prioricen claramente la financiación pública de aquellas investigaciones que tengan un visible retorno social.

En relación con este tema nos vamos a referir a alguna de las recientes medidas que se han adoptado por el Gobierno respecto a las universidades, recogidas en el Decreto-Ley 14/2012 de 21 de abril.

En el artículo 6.4 de este Decreto se viene a modificar la normativa de la Ley Orgánica de Universidades en relación con el régimen del profesorado, de forma que se viene a condicionar la dedicación docente de los profesores -y estaba ya condicionada una parte de sus retribuciones- a aquellas actividades de investigación exclusivamente vinculadas al resultado de las evaluaciones de los llamados sexenios; es ésta una decisión que no estamos seguros que sea la más óptima desde una perspectiva social, ya que va a incentivar más todavía a los profesores a preocuparse y guiarse básicamente en sus quehaceres por cumplir esos criterios de los sexenios, en detrimento de la docencia (tan importante en la universidad y la que más impacto social tiene), y de otros tipos de investigaciones.

Sirva recordar que a la hora de valorar las investigaciones de estos sexenios se consideran fundamentalmente los artículos publicados en revistas JCR, esto es, revistas de una cierta élite académica que, al menos en algunas disciplinas, tienen muy escaso número de lectores, y cuyos artículos apenas tienen en la práctica aplicación o utilidad social alguna. Sería necesario considerar en la valoración de esos artículos algún índice o baremo de aplicabilidad o retorno social, de cara a justificar en alguna medida esa retribución de los sexenios con recursos públicos, pagados por todos los ciudadanos. Si no existe un mínimo retorno social de los trabajos de investigación, se podría dar lo que algunos consideran como un cierto fraude consentido en la utilización de esos recursos públicos, por estar destinados a primar económicamente un buen número de investigaciones supuestamente científicas pero poco útiles o directamente estériles para la sociedad, en detrimento de otras de mayor impacto y utilidad social.

Por otra parte, aquellos profesores que hayan decidido no entrar en ese juego de los sexenios, optando alternativamente por centrarse en investigaciones de utilidad y de claro contenido social, aunque no computen sin embargo a efectos de sexenios, o que simplemente hayan decidido no contribuir al escandaloso negocio de algunas de esas revistas y editoriales de élite, se verán perjudicados por este sistema de valoración y de financiación pública, y penalizados, además, según el nuevo régimen legal, con mayores cargas docentes.

Sería conveniente, en definitiva, reconsiderar o reformular este tipo de orientación e incentivos de las investigaciones universitarias, asegurando una mínima utilidad social para las mismas, al menos las que se financien por la sociedad y los ciudadanos.