El 2 de mayo aplaca los ánimos

La crisis con Bolivia parece, como ya anunciaron fuentes gubernamentales el martes, de mucho menor nivel que la desatada con Argentina. De hecho, el Gobierno de Evo Morales se ha comprometido a hacer frente a las compensaciones que puedan derivarse de la decisión de nacionalizar la empresa Transportadora de Electricidad, filial al cien por cien de Red Eléctrica Española. El ministro de Hidrocarburos boliviano, Juan José Sosa, ha asegurado que en un plazo de 180 días, en medio año, se procederá a pagar a la compañía española el valor de las acciones expropiadas. No obstante, ha precisado que se contratará a una empresa externa para “que establezca el monto a pagar””, que estaría alrededor de los 80 millones de dólares, unos 60 millones de euros, según las primeras filtraciones conocidas. El ministro Sosa ha asegurado que ha mantenido un diálogo cordial con el titular de Industria español, José Manuel Soria, sobre las compensaciones a Red Eléctrica por la nacionalización.

En el plano político y diplomático, da la sensación, según los analistas consultados por este diario, “de que efectivamente esta crisis no tiene nada que ver con la provocada por el Gobierno argentino cuando decidió nacionalizar la participación de Repsol en YPF. El Ejecutivo de La Paz se ha comprometido desde el primer momento a compensar a la empresa expropiada, algo que desde Buenos Aires todavía se tiene en el aire y que incluso se rechaza en algunos sectores del Gobierno de Cristina Fernández, aunque las indemnizaciones sean mínimas”.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha bajado también el tono en este caso sobre el utilizado en la grave crisis con Argentina. Aunque ha asegurado que decisiones como las de Evo Morales “no gustan al Gobierno porque creemos que es fundamental mantener la seguridad jurídica en el proceso de inversiones en países como Bolivia”, ha puesto como contrapunto el compromiso adquirido por La Paz para compensar a Red Eléctrica Española por sus inversiones en ese país, “lo cual, evidentemente el Gobierno español va a vigilar”.

En el “caso Urdangarín”, el anuncio de un posible acuerdo entre el Duque de Palma y quien fuera su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, con la Fiscalía Anticorrupción para evitar penas superiores a los dos años de cárcel, declarándose culpables de algunos de los delitos que se les imputan y devolviendo tres millones y medio de euros al erario público, ha tenido diversas repercusiones. El diario “El Mundo” afirmaba en su edición de este miércoles que el abogado de Torres habría explicado ante el Ministerio Público que dispone de doscientos correos electrónicos que podrían poner en una situación más comprometida de lo que se desprende de los ya publicados tanto a la esposa de Iñaki Urdangarín, la Infanta Doña Cristina, como al propio Rey Don Juan Carlos.

De hecho, estos últimos movimientos no han gustado nada a la Fiscalía, que ha suspendido las reuniones que tenía previstas celebrar con Mario Pascual Vives, abogado del Duque de Palma, y Manuel González Peeters, representante legal de Diego Torres, debido al ruido mediático que se ha producido ante la posibilidad de llegar a un acuerdo y ante la expectación mediática que generarían estos encuentros.

En Madrid, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha reclamado “defender siempre el concepto de nación, donde los ciudadanos libres es iguales son dueños de su soberanía”. En la celebración del 2 de mayo, conmemorativa del alzamiento del pueblo de Madrid ese día de 1808 contra las tropas invasoras de Napoleón ha destacado que los ciudadanos de esta Comunidad expresan con esta fiesta “su satisfacción de vivir en libertad, en el marco de la Constitución de 1978 y de nuestro Estatuto de Autonomía, un marco que nos ha deparado los años de más libertad y prosperidad de nuestra Historia”.

Pese a este día festivo, el abierto enfrentamiento que mantiene Esperanza Aguirre y los sindicatos ha estado presente en las celebraciones. En declaraciones a la SER, la presidenta de la Comunidad se ha referido a la carta que los dirigentes de UGT y CC OO en Madrid, José Ricardo Martínez y Javier López, respectivamente, le iban a enviar para justificar su ausencia en estos actos institucionales: “Que las pasen por el registro, que hoy yo no estoy para leer cartas”. Quien sí ha entendido este desplante institucional ha sido el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que ha justificado la ausencia de los líderes sindicales “porque Esperanza Aguirre les insulta”.