Paro, ETA y el "teledirigido" de Rubalcaba

Muchas y diversas cuestiones sobre la mesa informativa de este viernes. Desde la primera bajada del paro en ocho meses, escasa, eso sí, hasta el anuncio hecho por la autodenominada comisión internacional de verificación del alto el fuego decretado por ETA en el sentido de que la banda terrorista estaría dispuesta a entregar las armas si se abre un proceso de diálogo con el Gobierno. Dentro de la política adoptada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para reducir las duplicidades dentro del Estado, el Consejo de Ministros ha aprobado un plan para recuperar el control de las cuencas hidrográficas.

Mientras, desde el País Vasco han llegado los “tambores de insumisión” a la aplicación de las reformas en sanidad y educación, con anuncios de recursos de inconstitucionalidad. Y en Argentina, la aprobación definitiva de la nacionalización de YPF ha sido celebrada como si el país hubiera ganado el Mundial de fútbol.

Primera cuestión, el paro. Mínima reducción en el número de desempleados, 6.332 personas durante el mes de abril, motivada por las contrataciones en el sector terciario para la Semana Santa. Dato positivo, según los analistas políticos consultados por este diario, “que el dato rompe la dramática tendencia de los últimos ocho meses, con el paro subiendo continuamente. En el otro fiel de la balanza, que el mes de abril, tradicionalmente ha supuesto muchas más contrataciones que las de este 2012”.

Desde el Gobierno y el PSOE, distintas valoraciones. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha contrapuesto este dato a los registrados en abril de 2008 y 2009, cuando el paro sí aumentó con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

No obstante, la portavoz del Gabinete de Rajoy no ha querido caer en absoluto en el triunfalismo, porque, según ha explicado, esta reducción “no nos lleva a la autocomplacencia, sino todo lo contrario. Son un acicate y un impulso para afrontar las nuevas reformas que permitan superar la recesión económica y volver a crear empleo”.

Desde el PSOE, su número dos, Elena Valenciano ha subrayado que este mínimo recorte en las cifras del paro demuestran que la reforma laboral emprendida por el Gobierno no conduce a ningún camino, excepto a la reducción de los derechos de los trabajadores.

El lendakari Patxi López ha abierto otro frente de batalla, “teledirigido por Rubalcaba”, según Javier Arenas, al anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra las medidas adoptadas por el Gobierno central en materia de educación y sanidad. Según el dirigente socialista vasco, los ajustes en estos dos campos violan directamente el autogobierno del País Vasco. Las fuentes consultadas por este diario destacan la complicación que provoca esta decisión en la gobernabilidad de esta autonomía, “pues actualmente Patxi López sólo está apoyado por el PP en el Parlamento de Vitoria. Habrá que ver como se gestiona esta nueva situación, con un lendakari que se enfrenta al Ejecutivo central, del Partido Popular, formación precisamente en la que se apoya para gobernar en el País Vasco”. Andalucía no se ha quedado atrás, y también ha anunciado medidas similares contra las reforma del PP, en este caso “más entendibles, desde el punto de vista político, y más tras haberse convertido José Antonio Griñán en rehén de Izquierda Unida para mantenerse como presidente de la Junta”.

La vicepresidenta del Gobierno, no sin ironía, ha agradecido al PSOE su disposición al diálogo reordenar las competencias y evitar duplicidades entre administraciones, expresada por el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, para recordar a continuación el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el socialista López contra el ejercicio por parte del Estado de sus competencias, y que desde el PP, según las fuentes consultadas, “no se tiene ninguna duda de que ha sido una decisión tomada desde Ferraz por el propio secretario general del partido”.

Dentro de esa política emprendida por Mariano Rajoy para eliminar las duplicidades existentes entre las administraciones públicas y para redefinir o reordenar el estado autonómico, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto en el que se otorga al Estado la competencia de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias para “lograr una gestión eficiente del agua y evitar duplicidades o solapamientos” entre las propias Comunidades y con el Gobierno central.

En el capítulo antiterrorista, la autodenominada comisión internacional de verificación del alto el fuego “ha constatado” que ETA no tiene intención de utilizar las armas ni siquiera cuando sus miembros vayan a ser detenidos y que incluso estaría dispuesta a entregarlas si el Estado abre un proceso de diálogo. En un comunicado, esta comisión asegura que, mediante contactos directos con la banda terrorista, ha recibido un mensaje de la misma en la que “asegura que está preparada para dialogar sobre asuntos prácticos relevantes para consolidar el proceso”.

El Ministerio del Interior no ha tardado en reaccionar ante estos movimientos del entorno de la banda terrorista y de la izquierda “abertzale” y ha asegurado que las Fuerzas de Seguridad del Estado son las encargadas de “verificar una eventual disolución de ETA”, además de subrayar que el Gobierno “no necesita verificadores internacionales. Con la Guardia Civil y la Policía se ha derrotado a ETA”.

Y en Argentina, los analistas políticos consultados por este diario subrayan que este cuatro de mayo se hubiera producido un “dejá vu” pero en sentido contrario y con treinta años de diferencia. El acto de enaltecimiento nacional y de orgullo patrio en el que se ha convertido la aprobación definitiva por el Parlamento de Buenos Aires de la nacionalización de la petrolera YPF, con la consiguiente expropiación del 51 por ciento de las acciones de la compañía en poder de Repsol, contrasta “con lo vivido hace treinta años en ese país, cuando perdió la guerra contra el Reino Unido al intentar recuperar por las armas las islas Malvinas”. La palabra español ha sido utilizada como insulto contra aquellos parlamentarios que han “osado” criticar la medida adoptada por la populista Cristina Fernández Kichner, representante de un partido, que de la mano entonces de Carlos Menem, fue quien privatizó “sin ningún pudor” YPF.