Sin concesiones a ETA

Llevamos varios días con las noticias sobre el plan de reinserción de presos de ETA –la llamada vía Nanclares-, la reacción de distintas asociaciones de víctimas y el mensaje de los terroristas que los autodenominados verificadores han transmitido al Gobierno. Los asesinos dicen estar dispuestos a dialogar sobre ciertos asuntos prácticos relevantes para consolidar el proceso.

La verdad es que lo que digan los terroristas, sus amigos y los verificadores es irrelevante. Lo que de verdad importa es lo que vamos a hacer los demócratas. Después de décadas de violencia, los secuestradores de Ortega Lara, los criminales que mataron a Buesa, a Múgica, a Zamarreño, a Tomás y Valiente, a Becerril y a tantos otros no pueden –no deben- tener ninguna credibilidad para nosotros. Ni ellos ni sus amigos en las instituciones deben gozar de la confianza que sólo deben merecer aquellos cuyas manos están limpias de sangre.

El partido de Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco y tantos otros no necesita dar pruebas de su compromiso con la democracia, la libertad y las víctimas, pero sobre el Gobierno gravita una responsabilidad que nace de ese compromiso. Contra ETA sólo cabe la ley con toda su fuerza y toda su firmeza, sin concesiones ni atajos ni facilidades. La estrategia de romper el frente de makos –la organización de los terroristas en las prisiones- puede tener sentido pero no a cualquier precio. Los terroristas –tengan o no delitos de sangre- deben cumplir sus condenas y deben colaborar con el Estado en la detención de los etarras que siguen libres y en la investigación de los atentados –algunos de ellos de los años 70 y 80- que aún siguen sin esclarecer. Las víctimas –cada víctima- decidirán la importancia que el perdón pedido por los asesinos, los mutiladores, los secuestradores –los ladrones siempre- y sus cómplices pueda tener.

Se dice que ha habido un problema de comunicación, pero no todo se agota ahí. Es necesario transmitir un mensaje inequívoco de firmeza y decisión de hacer justicia. No hay un conflicto sino una banda de criminales que pretenden sacar –incluso en la derrota- un beneficio frente a los demás delincuentes que pueblan las cárceles españolas y frente a toda la sociedad. Millones de voces en España piden memoria, dignidad y justicia. Millones quieren conocer la verdad de todos los atentados, muchos de cuyos autores siguen sin identificar. Millones piden –pedimos- la máxima dureza con quienes han sembrado España de cadáveres.

No puede haber procesos ni apaños. El Estado –sin duda- tiene poderes discrecionales, pero en este caso debe ser implacable con los terroristas. Instituciones penitenciarias puede adoptar muchas decisiones en relación con los presos, su régimen, etc; pero, en este caso, la justicia debe imponerse a la conveniencia política o a la debilidad revestida de prudencia.

Si los etarras al final ganan algo, cualquier que en el futuro haga lo mismo sabrá que sólo debe aguantar porque la democracia acaba cediendo frente a la violencia, el chantaje y la amenaza.

He aquí el desafío que se alza ante el Gobierno.

Espero que esté a la altura.