Un nuevo fracaso anunciado del Gobierno Rajoy

El último compromiso del Gobierno atropellado por las decisiones del propio gobierno es aquél según el cual las entidades financieras españolas no iban a recibir más dinero público, porque para eso el Gobierno había aprobado una reforma financiera que pasaba por forzar a las entidades financieras a reconocer sus pérdidas y sanear sus balances. Bien, reconocer sus pérdidas y sanear sus balances es justo lo que deben hacer nuestras entidades financieras. El problema no es ese. El problema del planteamiento del gobierno es si ese equilibrio entre la rentabilidad, los cadáveres en el armario, la renuncia a los beneficios y la capacidad para financiarse fuera se hace con red (es decir, con dinero público) o sin red (es decir, con quiebras).

Sin red, sin red. Lo había dicho claramente el ministro de Economía, Luis de Guindos. Lo había dicho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Este mismo lunes ha vuelto a decirlo Rajoy en una entrevista concedida a Carlos Herrera. El Gobierno no prestará dinero a los bancos en problemas. “Solamente entrará dinero público en una situación límite”, pues “si eso fuera necesario para salvar al sistema financiero no renunciaría” a hacerlo. Porque él lo ha dejado claro: “Haré cualquier cosa aunque no me guste y aunque haya dicho que no lo voy a hacer”. En ese juego, un poco de los hermanos Marx, entre la defensa numantina de unos principios y la renuncia a los mismos a la primera ocasión, hemos acabado con que el Gobierno rescatará a Bankia con una cantidad que ronda los 7.000 o 10.000 millones de euros.

¿Es mucho dinero? Sí, es mucho dinero si tenemos en cuenta que el valor de Bankia en bolsa es de 4.736 millones de euros, menos de la mitad de lo que puede recibir del Gobierno en ayudas. Y sí, es mucho dinero si tenemos en cuenta que 10.000 millones de euros es casi un 1 por ciento del Producto Interior Bruto.

No es que el Gobierno no tuviera opciones. Hoy sabemos que Rajoy considera “una situación límite” la quiebra de Bankia. No es, desde luego, una situación deseable. Pero la quiebra de los bancos es la respuesta propia de la economía de mercado de las decisiones irresponsables tomadas en el pasado por una entidad financiera. El mercado funciona así: Una entidad otorga préstamos a clientes insolventes. Obtiene graves pérdidas como consecuencia de su generosa e irresponsable política crediticia. Su capital no aguanta tales pérdidas. Y la entidad quiebra. Se venden sus activos al mejor postor, y los accionistas de la misma sufren las pérdidas correspondientes. La historia económica está plagada de tales ejemplos.

Lo que es relativamente nuevo es eso de que el Gobierno no quiera, bajo ningún concepto, que una entidad quiebre. Para justificarlo, habla de la salud del sistema financiero. Pero esa salud exige que haya quiebras. Porque de este modo los activos van de manos irresponsables a manos responsables. Esa es la virtud de este sistema.

Pero este fracaso tenía algo de anunciado. Por varias razones. La primera, y la principal, es la situación financiera de Caja Madrid, a la que hay que añadir la situación que arrastraban las otras entidades que se le unieron para crear Bankia. Las cajas eran lo contrario del mercado. Eran la gestión politizada de los depósitos bancarios. Ha terminado en lo que conocemos.

Caja Madrid obtuvo en 2010 un beneficio atribuido de 256 millones de euros. En 2009, ese beneficio era de 266 millones. En 2008, el beneficio neto atribuido era de 840 millones de euros. 2008 era ya un año de crisis. Se veía venir lo que todo el mundo decía, ya entonces, que iba a venir. ¿No podían haber renunciado a esos beneficios para fortalecer la posición financiera de la entidad? En 2009, cuando todas las entidades financieras cerraban oficinas y reducían la plantilla, Caja Madrid las abría. ¿No podía haber renunciado a una parte de su tamaño para ganar en rentabilidad y fortalecer así su posición?

El Gobierno de Rajoy heredó, así, un gran problema. Pero ni le ha sabido dar solución, ni ha querido que el mercado encuentre la suya, como debería haber hecho. Ahora, el resultado es que el Estado tendrá que endeudarse en un 0,7 o un 1,0 por ciento del PIB para salvar a esta entidad.