El adiós de Rato y la ruptura en el País Vasco

Un día que empezó fuerte, con una entrevista en Onda Cero a Mariano Rajoy en la que afirmaba que el Consejo de Ministros aprobara un paquete de medidas “importantes” en relación al sistema financiero. Sobre el posible rescate por parte del Ejecutivo de determinados bancos, el líder popular ha asegurado que “si es preciso el saneamiento, mi última intención sería inyectar dinero público; ahora, si eso fuera necesario, yo no renunciaría, como han hecho todos los países de la Unión Europea, pero eso sería en última instancia”.

Horas después, por la tarde, el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, anunciaba su dimisión de este cargo. El motivo, evitar que las posibles ayudas públicas a esta entidad por parte del Gobierno “han sido decididas para favorecer a una persona ligada con el PP”. Rajoy fue informado de su decisión por quien fuera su compañero de Gabinete con José María Aznar antes de que hiciera pública su decisión. Bankia atraviesa dificultades por los créditos que el banco tiene comprometidos con el ladrillo, que ascienden a 37.500millones de euros. No obstante, Rato ha querido tranquilizar a los diez millones de clientes de la entidad al asegurar que tiene “un nivel de solvencia muy alto, además de una robusta situación de liquidez y una plantilla de profesionales espléndida”.

En la entrevista con Carlos Herrera, el presidente del Gobierno se ha referido también al IVA que espera “no tener que subirlo” pero que si es necesario lo hará: “Yo quiero bajar los impuestos. Es bueno que la gente tenga su dinero y que lo gaste e invierta, pero en una situación así no puedo hacer lo que me gustaría. Es cuestión de prioridades, si no de ésta no salimos”. Ha sido contundente en rechazar las críticas del PSOE y los sindicatos a sus reformas, debidas al “déficit encontrado, que dejó estupefacta a la Unión Europea” y ha negado que lleve a cabo “una demolición del Estado del bienestar. Las pensiones, que son bajas, no se han tocado”, aunque ha advertido que si no establecen medidas como el copago farmacéutico la sanidad “pública, universal y gratuita” sería imposible de mantener.

En el País Vasco, el presidente del PP en esa Comunidad, Antonio Basagoiti, ha anunciado el fin del apoyo de su partido al lendakari socialista Patxi López y ha pedido un adelanto electoral. Ha argumentado que presidente autonómico vasco “está planteando cosas inasumibles para el PP”, como los recursos de inconstitucionalidad planteados contra las reformas de Mariano Rajoy, y llevando a cabo en las últimas semanas una política en la que se aprecia “una falta de firmeza frente a la izquierda abertzale”.

Desde el PP nacional, el vicesecretario de Organización y Electoral, Carlos Floriano ha insistido en denunciar la “deriva nacionalista” que ha tomado López en las últimas fechas y le ha acusado de estar más pendiente de seguir las órdenes que le llegan desde Ferraz, para hacer de ariete contra el Gobierno central, que de gobernar para los vascos. El presidente del PNV, Iñigo Urkullo, por su parte, ha instado al lendakari a que plantee una cuestión de confianza en el Parlamento de Vitoria para conocer si cuenta con los apoyos suficientes para continuar al frente del Ejecutivo de Ajuria Enea. “Sería –ha dicho- una irresponsabilidad continuar con un gobierno desnudo de ideas, alianzas y estrategia”.

En capítulo de la política antiterrorista, la Audiencia Nacional ha concedido la libertad condicional a los presos etarras arrepentidos Fernando de Luis Astarloa y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, tras constatar que “han manifestado su renuncia a la violencia y han pedido perdón a las víctimas”, además de haber satisfecho la responsabilidad civil a la que fueron condenados por los atentados que cometieron. Estos dos etarras pertenecen a la llamada “vía Nanclares”, por la prisión vasca de ese mismo nombre, y que el Gobierno del PP quiere potenciar como método de reinserción de los terroristas que cumplan las condiciones marcadas por la ley para acogerse a beneficios penitenciarios.

Desde Bolivia, malas noticias. Si en un principio daba la impresión de que el Gobierno de Evo Morales iba a compensar a Red Eléctrica Española por la expropiación de su filial en ese país, Transportadora de Electricidad, el vicepresidente Álvaro García ha dado este lunes la de arena al afirmar que “a toda nacionalización siempre acompaña una pequeña o diminuta compensación y seguramente en nuestro caso se la dará, o quizás las valoración dice que no hay que pagar nada”. Parece que las primeras manifestaciones de las autoridades bolivianas en conversaciones con los ministros de Exteriores, José Manuel García Margallo, y de Industria, José Manuel Soria, sobre sus buenas intenciones y la diferencia de este caso con el argentino de Repsol e YPF, se van diluyendo en el aire.