Los bancos deberán separar el ladrillo del negocio habitual y no recibirán ayudas a fondo perdido

El viernes se presumía clave para el sector financierodespués de una polvareda que arrancó con Mariano Rajoy ante un micrófono deOnda Cero. Se conocía el fin del Consejo de Ministros, pero no los detalles. Soraya Sáenz de Santamaría ha resuelto la incógnita. En primer lugar, la inclusión de dos “valoradores independientes” de la situación de los bancos para que examinen los activos vinculados al ladrillo. Así lo pidió Bruselas.

En segundo lugar, dos decretos ley con objeto de “dar credibilidad y confianza en nuestro sistema financiero, fortalecer los pasos que permitan recuperar el crédito en nuestro país y lograr la venta de viviendas a precio razonable”. La vicepresidenta ha aclarado también que no habrá ayudas a fondo perdido a los bancos, tal y como exigía el Partido Socialista para dar respaldo a cualquier decisión en este terreno. Las entidades que necesiten sanearse deberán pagar un 10 por ciento de interés anual.

Luis de Guindos se ha encargado de entrar en harina con los activos problemáticos del sector promotor y constructor. El nivel de provisiones pasa del 7 al 30 por ciento, un incremento de alrededor de 30.000 millones de euros respecto a los ya constituidas. El ministro desea con esto “disipar cualquier duda que exista sobre la solvencia”. Los bancos deberán por tanto movilizar esta cantidad para cumplir con los nuevos requerimientos, “extremadamente importantes”, a juicio del titular de Economía y Competitividad.

Asimismo, como obligación, los bancos deberán crear sociedades o vehículos que permitan separar los activos inmobiliarios del resto del negocio. Para De Guindos, con esta base y con transparencia se logrará credibilidad. Implícito en el anuncio queda la desconfianza hacia el Banco de España, que debiera haber evitado la necesidad de valoradores adicionales. Precedentes como el de Bankia, en peor estado que el publicitado, no pueden volver a repetirse si España quiere gozar de crédito internacional.

La marcha de Rato, una decisión personal
El ministro no achaca la marcha de Rodrigo Rato a una orden gubernamental o de partido y ha contado que el lunes, el propio expresidente de Bankia le adelantó la intención de abandonar. “Es una entidad absolutamente solvente”, ha defendido, al tiempo que ha llamado a los ahorradores a estar tranquilos. Sobre Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha tomado la palabra Sáenz de Santamaría y se ha limitado a decir que será relevado cuando concluya su mandato, que expira en breve.

Preguntado por la petición de la Comisión Europea de nuevos recortes, en vista de que no espera el cumplimiento del objetivo de déficit, De Guindos ha quitado hierro. Sostiene que las proyecciones de sus colegas de Bruselas no tienen en cuenta las medidas adoptadas para el presente año y el próximo.

También en Consejo de Ministros, el visto bueno a la ley orgánica que modifica el Código Penal en materia de delitos de naturaleza económica. Se ha aprobado hoy modificación del Código Penal que prevé una pena de prisión máxima de 6 años por delito fiscal, en lugar de los 5 establecidos hasta ahora, y recoge que el plazo de prescripción de las infracciones más graves se eleva de 5 a 10 años.

Sáenz de Santamaría ha señalado que este anteproyecto se remitirá a los principales órganos consultivos, como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, principalmente. La vicepresidenta ha indicado que se trata de una modificación de la ley de transparencia que precisa rango de ley orgánica. El nuevo tipo de delito fiscal se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros o cuando la defraudación se haya cometido dentro de una organización criminal.