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La realidad del 15 M y el cumplimiento de la ley

lunes 14 de mayo de 2012, 07:37h
La madrileña Puerta del Sol era escenario ayer domingo de una nueva concentración protagonizada por los indignados que reclamaban la libertad de los detenidos la noche anterior. Dichos detenidos están acusados de desórdenes públicos y resistencia a la autoridad, entre otros cargos. En otras palabras, delinquieron “presuntamente”. Será un juez quien determine si sus actos son constitutivos de delito y, en su caso, imponga la pena correspondiente; así funciona un estado de derecho.

Lo anterior puede parecer una obviedad. No lo es, habida cuenta de quienes aún se quejan de que la Policía disolviera una concentración ilegal -habían superado ampliamente el marco autorizado por la Delegación de Gobierno- y actuase contra quienes se habían apropiado de un lugar común para uso y “ensucie” propio. El año pasado por estas fechas, diversos colectivos se concentraron en lugares emblemáticos de toda España para plantear una serie de demandas que, en gran medida, eran compartidas por un amplio sector de la sociedad. Pero lo que fue inicialmente un movimiento cívico bienintencionado y, en algunos aspectos, puede que acertado, devino en una suerte de colectivos antisistema que se dedicaron a conculcar la ley impunemente. Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Junta Electoral Central declararon ilegales aquellas actuaciones, pero el gobierno del que formaba parte Alfredo Pérez Rubalcaba les hizo caso omiso y se negó a disolverlos.

En cualquier país medianamente civilizado, que un gobierno ignore las disposiciones emanadas por un lato tribunal sería motivo de una crisis institucional considerable. En España, sin embargo, no ocurrió nada; y eso, en parte, pesa aún hoy a la hora de restarle activos a la credibilidad exterior del país. Los espacios públicos son de todos, no sólo de unos pocos. Su utilización se ha de ceñir a lo que disponga la legalidad vigente y, si ésta es vulnerada, los responsables de haberlo hecho habrán de afrontar las consecuencias. Lo contrario sería subvertir el orden constitucional.
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