Para salir de la crisis (II): reforma institucional o la democratización de Europa

Esta crisis muestra síntomas de deficiencias e incapacidades para su debida gestión, con resultados paradójicos en algunos casos. Por ejemplo, el cataclismo financiero suscitó dos tipos de reacción: la necesidad de refinanciar entidades de crédito y la de introducir nuevos mecanismos de control y regulación. Las ayudas llegaron de forma masiva - alcanzaron el 13% PIB en Europa -, a tiempo e incondicionales. Se trató de decisiones que, si bien fueron objeto de cierta coordinación internacional, tuvieron un marcado carácter nacional. Sin embargo, la prometida regulación del sector tiene muchos aspectos que se encuentran pendientes de concretar. Así, existen países que de forma individual han adoptado alguna imposición sobre el sector financiero; otros han introducido obligaciones de capitalización, de dotación de coeficientes de solvencia o de provisión por pérdidas de valor. A nivel europeo, los bancos se han sometido a los famosos stress tests y hay nueva normativa sobre supervisión. Ahora bien, queda pendiente la coordinación internacional del marco regulatorio. De nuevo, cuando la iniciativa podía adoptarse a nivel nacional, la misma se puso en práctica; cuando dependía de la concertación de países, ha tendido a demorarse o a no concretarse.

También resulta llamativo observar que los estímulos fiscales a la economía se hayan limitado a cuantías equivalentes al 2 – 3% del PIB europeo, entre cuatro o cinco veces inferiores a lo invertido en las entidades de crédito. Más importante es destacar que se ha demostrado que han sido insuficientes y limitadas en el tiempo. En ello ha influido la necesidad de cumplir con las obligaciones del Tratado de la Unión Europea y la ausencia de una unión fiscal. Otra vez está presente el factor internacional como condicionante.

Más que sorprendente, ha sido preocupante la reacción ante los trances de la deuda soberana. Las ayudas a los Estados con dificultades financieras han sido limitadas, insuficientes, tardías y condicionadas a políticas duras de ajuste. El Banco Central Europeo ha tenido que intervenir en una forma no prevista en el Tratado ni en sus estatutos - ha comprado préstamos de algunos Estados miembros de la UE - lo que ha condicionado la eficacia de su acción puesto que no se sabía ni el cuándo ni el cuánto de su acción; tampoco hasta cuándo ni hasta cuánto. Y se sigue sin saber.

La conclusión que extraería de todo lo anterior, y de muchos otros hechos que no da tiempo a relatar, es que las respuestas que se han articulado a nivel nacional han funcionado mejor en el tiempo y en mayor cuantía que las respuestas que debieran haberse dado a nivel europeo. Es más, algunas de las limitaciones de las reacciones estatales devenían de las normas europeas; otras de los condicionantes que implica la globalización. No quiero con ello reivindicar las políticas internas; más bien al contrario, tengo la duda de que quepa ya una respuesta nacional. No, la cuestión que debemos hacernos es qué le pasa a Europa y cómo debería funcionar para evitar tanto sufrimiento.

Observemos el proceso necesario para que se concluyera sobre la necesidad de una Facilidad de Estabilidad Financiera. No fue una decisión amparada en los Tratados europeos puesto que estos no la preveían; se adoptó sobre la base del acuerdo multilateral liderado por países con peso financiero. Además, los primeros pasos, allá por el invierno de 2010, nada resolvieron: fueron confusos e indeterminados; llevó mucho tiempo resolver la letra pequeña; aparecieron reticencias nacionales que los retrasaron; y, sobre todo, hubo que rectificar en dos sentidos: finalmente se decidió un año después adoptar un Tratado ad hoc para convertir la Facilidad temporal en un Mecanismo con visos de permanencia; al mismo tiempo, la desconfianza acerca de su capacidad condujo a hacer frente a las dificultades causadas por la prima de riesgo de España e Italia con nuevas vías, la compra en el mercado secundario de las respectivas deudas por parte del Banco Central Europeo.

Junto con estas dificultades, el debate político indica la existencia de una carencia importante. La unión política y económica no se basa en la unión fiscal, esto es, la capacidad para crear una caja común dotada de ingresos derivados de los beneficios procedentes de los años de bonanza y los territorios en crecimiento para financiar los déficits derivados de la recesión de determinados momentos y regiones. Faltan solidaridad y corresponsabilidad económica y fiscal. Por no hablar, porque no se oye mucho, de la ausencia de coordinación en las políticas y la protección social. Porque poco se hace para mejorar la movilidad de los trabajadores, para que los parados puedan desplazarse con garantías en busca de empleos donde se ofrecen y para ofrecer unos mínimos de cohesión social a nivel europeo.

También insistiría en que todas estas limitaciones, que son las de los Tratados europeos, devienen en el predominio de la intergubernamentalidad y el protagonismo de los agentes económicos que pueden sacar el máximo partido a una globalización económica desregulada y asocial. Ambos son síntomas de la falta de democracia en las decisiones sobre la gobernanza de Europa y de la globalización. Observamos cómo los medio de comunicación nos muestran el liderazgo en todo este devenir de los presidentes de dos Estados miembros, no el de los responsables de las Instituciones europeas. Con el desgaste que eso les supone a ellos y a la UE. Más preocupante me parece observar las recurrentes crisis políticas en sus países miembros, con cinco cambios precipitados de Gobierno y otros que llegan en la convocatoria a las urnas en sus momentos preestablecidos. Es más, en dos casos, los nuevos presidentes de Gobierno son tecnócratas que no cuentan con la legitimidad de las urnas, lo que resulta en falta de legitimidad ante los Parlamentos y ante los ciudadanos, y a quienes fácilmente se les puede achacar su deuda con quienes les auparon al poder.

El resultado es la necesidad urgente de una reforma institucional que otorgue a la UE mayor agilidad y capacidad de reacción. Es necesario más peso de las Instituciones que defienden el interés público europeo; un Consejo menos intergubernamental; más competencias generales y una subsidiariedad mejor medida, muchas veces la excusa para negar la actuación europea para evitar la pérdida de poder local, aun cuando tal menoscabo ya se ha producido en la práctica; y capacidad legislativa en casos de urgencia con un procedimiento acelerado, porque no se entiende que los Gobiernos puedan acudir al Decreto-ley sin que exista un mecanismo continental paralelo cuando igualmente se dan circunstancias perentorias. La puesta en marcha de todas estas reformas requiere profundizar en la democratización de Europa. El Parlamento Europeo debe tener más peso y capacidad para controlar y censurar al Consejo puesto que no se entiende cómo éste puede adoptar o respaldar determinadas iniciativas de tanto calado, o no instar las que pudieran ser necesarias, sin que dé cuentas a los órganos de representación de los europeos.