La voz de la calle

Aunque quizá resultaría más adecuado decir el grito, en vez de voz. Porque lo cierto es que desde mediados del año pasado hasta nuestros días, eso, gritos en concentraciones y manifestaciones, es cuanto llega al conocimiento del ciudadano no excesivamente experto en los temas de nuestra política. Y, va de suyo, gritos con los finales de un gobierno y con los comienzos de otro. Quienes no hemos vivido la andadura de la Segunda República bien podemos estar llenos de asombro y hacernos alguna reflexión. Obvia fue la agonía del anterior gobierno socialista por las muchas torpezas atribuidas a Rodríguez Zapatero. Pero, a cambio, también abundan ahora los reproches al partido de Rajoy, con la base de que está llevando a cabo algunas medidas que no estaban en su inicial programa. Y, si lo estaban, no lo decía. Una vez más, la hispánica tendencia a los vaivenes, a las manipulaciones del pasado (cuanto más inmediato, mejor) y al eterno “y más tú”, que debieran ser ausencias en una democracia con ciertos niveles de cultura política.

Pero, a mi entender, la mayor preocupación es el cambio de escenario. Se quiera o no, la soberanía está en el lugar que encarna, por vía electoral, la soberanía popular. Es decir, el Parlamento. Salvo en situaciones de abierto proceso revolucionario con carácter de antisistema, la calle carece de dicho atributo soberano. Por fuerte que sea. La misión de un partido que presuma de contar con la mayoría de esa protesta social es, en pura lid, la de acoplarla, traducirla en votos y llevarla al Parlamento como suya. Y no estar continuamente presumiendo de lo que tiene, pudiendo luego no tener.

Claro está que el fenómeno está acompañado de dos factores más decisivos. En primer lugar, por imperio de la partitocracia, hace tiempo que el Parlamento ha dejado de ser el “locus” en el que, mediante la pacífica discusión, se busque y encuentre la verdad política. Todo está atado y bien atado antes de que empiecen las sesiones. Y, en segundo lugar (y ahora me ciño con más fuerza a nuestro caso), la Constitución vigente puso en su día grandes reparos a cualquier iniciativa de carácter popular que no viniese de los partidos: iniciativa legislativa, derecho de petición, referéndum meramente consultivo en manos del poder, imposibilidad de pedir la reforma constitucional. Se pudieron abrir muchos más cauces para que las aguas de las protestas, de la índole que fueran, no tuvieran que tomar las calles como escenario permanente. No se quiso con argumentos poco convincentes. Ahora estamos contemplando las consecuencias de aquella tacañería. Que no fue casualidad, naturalmente.