Herramientas para depurar el sistema político

Parece claro que la nueva cultura de la responsabilidad que comenzó a verse en los acuerdos alcanzados en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera entre el ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas –una cultura de la responsabilidad que debe arraigar aún más e instaurarse de forma inconmovible en nuestra vida pública- no habría prosperado sin que existieran detrás herramientas sancionadoras verdaderamente eficaces. En aquel caso, los acuerdos fueron facilitados gracias a un arma gubernamental: la posibilidad de que cualquier Autonomía fuese intervenida sin paliativos si incumplía las normas dictadas sobre el equilibrio presupuestario. Esas herramientas de sanción deben, sin duda, ampliarse. Así se ha hecho con el proyecto de Ley de Transparencia que el Ejecutivo de Rajoy ha comenzado a tramitar.

Entras otras muchas disposiciones de la nueva Ley, se incluye otra herramienta que, con toda seguridad, demostrará muy pronto la misma eficacia: la posible destitución de cargos políticos que en su administración de los bienes públicos, ya sea en el ámbito autonómico o en las corporaciones locales, no cumplan las leyes de estabilidad en los presupuestos. En el fondo, esta propuesta es una ley de responsabilidad basada en el más elemental sentido común de no gastar más de lo que se tiene. Evidentemente, la medida no debe quedarse en el papel ni manejarse con arreglo al color político del administrador de turno. La ciudadanía recibirá, sin duda, positivamente este instrumento que permite una depuración efectiva y racional del sistema político.

Resulta obvio, no obstante, que no se trata de una panacea universal. Son necesarias muchas más acciones depuradoras. En ese sentido, hay que acoger de un modo igualmente favorable la iniciativa del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres- Dulce, de abrir diligencias sobre los indicios alarmantes en la gestión de las Cajas de Ahorros, cuyo boquete financiero todavía no está cuantificado y es un enigma más que preocupante para toda la población. Muy lejos de la demagogia que se empeña en estigmatizar globalmente a los banqueros –algo que ciertos partidos proclaman en sus discursos, pero no en sus hechos, según sea la financiación privilegiada que reciban-, la actual circunstancia venía demandando una auténtica indagación de lo ocurrido en las politizadas Cajas de Ahorros y esas diligencias se han retrasado más de lo razonable. De nuevo aquí es exigible que la actuación sea real, no mero papel mojado, y que no esté mediatizada por la sigla política en la que estuviera amparada la entidad financiera.

Esos dos impulsos dirigidos a la depuración de responsabilidades se centran en las dos cuestiones que en este instante están en el ojo del huracán: los desmanes contables de las Comunidades Autónomas y los agujeros financieros de las Cajas de Ahorros. Estas dos experiencias indican de manera diáfana que el Estado debe proveerse de más herramientas que faciliten la depuración del funcionamiento político. Hasta ahora ha prevalecido el criterio de atenerse a responsabilidades políticas sustanciadas en las urnas. Criterio válido pero que las últimas peripecias de nuestra vida pública han demostrado claramente insuficiente. Es imprescindible recurrir con más frecuencia a los instrumentos ya existentes en nuestras leyes penales –como hace pocos días ha hecho, con excelente criterio, María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Y no resulta menos necesario abrir un debate ágil sobre nuevas herramientas que depuren situaciones políticamente gangrenadas, como, por ejemplo, establecer penas sobre las negligencias políticas que hoy son imposibles de sancionar. Esperemos que esto indique un inicio de cuestionamiento y disolución del tan negativo corporativismo político en la España actual.